Datos. El ajuste tributario celebrado por Milei no fue liderado por el Estado nacional.
El Gobierno nacional ha convertido la reducción de la presión tributaria en uno de los ejes discursivos más reiterados de la gestión de Javier Milei. La baja de impuestos aparece presentada como una prueba concreta de coherencia entre las promesas de campaña y las decisiones de gobierno, y como una consecuencia directa del orden fiscal alcanzado a partir del ajuste del gasto público. Sin embargo, cuando se examinan los datos con mayor precisión, ese logro exhibe una distribución del esfuerzo muy distinta a la que sugiere el relato oficial.
Un informe reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) aporta elementos que obligan a revisar la narrativa dominante. Según el estudio, entre 2023 y 2025 la presión tributaria medida como porcentaje del Producto Bruto Interno se redujo en 0,8 puntos porcentuales. El dato confirma la tendencia que el Ejecutivo destaca. Lo relevante, no obstante, es cómo se explica esa caída: apenas el 8% de la menor recaudación corresponde al Gobierno nacional, mientras que el 92% restante fue absorbido por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La conclusión es incómoda para el discurso oficial. La baja de impuestos que la Nación exhibe como un logro propio fue financiada, en términos abrumadores, por los gobiernos subnacionales. Lejos de tratarse de un hecho aislado, esta dinámica replica lo ocurrido durante 2024, cuando se registró una mejora en los recursos nacionales en paralelo con una caída significativa de los ingresos provinciales, producto de la reducción de transferencias automáticas.
La conclusión es incómoda para el discurso oficial. La baja de impuestos que la Nación exhibe como un logro propio fue financiada, en términos abrumadores, por las provincias. La conclusión es incómoda para el discurso oficial. La baja de impuestos que la Nación exhibe como un logro propio fue financiada, en términos abrumadores, por las provincias.
El mecanismo detrás de ese resultado es conocido. La Nación consolidó ingresos a través de tributos no coparticipables, como el Impuesto PAIS, y mediante el aumento de los derechos de exportación, que fluyen directamente al Tesoro nacional. Al mismo tiempo, las provincias perdieron recursos por la reforma del Impuesto a las Ganancias y por cambios en la administración y evolución del IVA, pilares centrales del sistema de coparticipación. El efecto combinado fue un corrimiento del esfuerzo fiscal hacia las jurisdicciones, que vieron deteriorarse su base de ingresos sin contar con instrumentos equivalentes para compensar esa pérdida.
Este punto adquiere mayor relevancia si se lo confronta con la concepción fiscal que Milei ha defendido desde el inicio de su mandato. El Presidente sostiene que la baja de impuestos está indisolublemente ligada al superávit fiscal y a la reducción del gasto público. Incluso ha planteado que la verdadera presión impositiva no reside en los tributos formales, sino en el tamaño del Estado, de modo que achicarlo implicaría, a largo plazo, aliviar la carga sobre los contribuyentes.
El informe del IARAF no discute esa lógica en términos teóricos, pero sí pone en cuestión su aplicación concreta. Los datos muestran que el ajuste tributario celebrado por la Nación no fue liderado por el Estado nacional, sino sostenido mayoritariamente por las provincias. Son los gobernadores, en definitiva, quienes vienen absorbiendo el costo fiscal de una baja de impuestos que se presenta como logro central del Gobierno federal.
En un país con una estructura federal históricamente tensionada, esta asimetría no es un detalle técnico. Expone una vez más la fragilidad del reparto de recursos y la tendencia a concentrar resultados políticos en la Nación, mientras el esfuerzo financiero se descentraliza. La presión tributaria puede haber bajado, pero el peso de esa baja no se distribuyó de manera equitativa. Y ese dato, lejos de ser menor, debería formar parte del balance serio de cualquier discusión sobre el orden fiscal que hoy se reivindica.
