martes 9 de julio de 2024
Cara y Cruz

Prioridades al desnudo

Mientras se destinan ingentes recursos públicos al sostenimiento de estructuras políticas, problemas con severas y peligrosas proyecciones sociales permanecen irresueltos por falta de financiamiento del Estado.

Esta contradicción adquiere en ocasiones ribetes grotescos.

La Legislatura provincial sancionó en mayo de 2014 la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, con lo que impuso al Estado provincial la obligación de conformar estructuras adecuadas para el tratamiento y contención de las personas con patologías mentales. Esta disposición parlamentaria, como tantas, se asumió sin considerar el financiamiento que la tarea encomendada demandaría, omisión que ningún legislador atinó a tratar de salvar en los más de diez años que lleva vigente la norma, ni con el seguimiento de la conducta gubernamental ni mucho menos en ocasión de tratarse los Presupuestos.

Distracciones por el estilo no se producen, en cambio, cuando de garantizar fondos legislativos se trata.

La planta de personal de la Legislatura catamarqueña pasó de 1.824 agentes en 2012 a 3.103 en 2024: 70% en 12 años. En ese período su composición no se alteró: continúa con 16 senadores y 41 diputados, como siempre, de manera que tiene 54 empleados y medio por cada tribuno. Tampoco ha sumado funciones adicionales a las que tenía que justifiquen un aumento del personal.

La población de la provincia, en tanto, creció solamente un 16% en la etapa. 54 puntos porcentuales menos que la del Palacio Legislativo, que se convierte de este modo en un fenómeno de orden demográfico más notorio en cuanto se consideran las inquietudes que diversos actores han manifestado por la caída de la tasa de natalidad.

Una investigación de la Fundación Ruido y Poder Ciudadano determinó que el plantel de empleados de la Legislatura catamarqueña es el más abultado de todo el país en términos absolutos. Los legisladores de Catamarca disponen de más recursos humanos que, por ejemplo, sus pares de la Provincia de Buenos Aires (1.850 empleados), CABA (1.145), Córdoba (1.583), Salta (1.061) o Mendoza (982).

Tamaña abundancia revela una destacable eficiencia de los legisladores para defender e incrementar el presupuesto propio, pero no se traduce en resultados de gestión atendibles. Por el contrario, como demuestra el caso de la Ley de Salud Mental, cunden las acciones declamativas y la sanción de normativas muy resonantes que fracasan por falta de recursos.

La ausencia de estructuras capaces de atender y contener la demanda de personas con problemas mentales, que además crece muy por encima de la evolución demográfica, impacta en la sociedad de modo dramático y genera conflictos de derechos.

Este fin de semana El Ancasti reprodujo declaraciones de dos profesionales del derecho que marcaron los riesgos de no tener establecimientos con espacios adecuados para atender a los sujetos que, al ser declarados inimputables por la Justicia, no pueden ser objeto de sanción penal o reclusión. Conforme a la Ley de Salud Mental, tienen derecho a una atención sanitaria integral e incluso pueden ser sometidos a internación involuntaria cuando representan un peligro para sí mismos o terceros.

Como el Estado carece de recursos para proporcionar tal contención, quedan en libertad y, en la mayoría de los casos, reinciden. Pero como son inimputables, tampoco se los puede sancionar penalmente por las nuevas transgresiones.

El círculo vicioso provoca particulares riesgos en los casos de abusadores sexuales y adictos. Las comunidades que integran quedan expuestas a reincidencias que los perpetradores no están en condiciones mentales de reprimir ni de valorar en su alcance. No es raro que la sensación de indefensión degenere en linchamientos.

El Estado vuelca fondos para expandir la estructura legislativa al mismo tiempo que los niega para crear y afianzar un sistema imprescindible para abordar un problema social gravísimo.

Este criterio de asignación de recursos desnuda el orden de prioridades de la política. Por un lado, solo tienen acceso a atención psicológica y psiquiátrica quienes cuentan con el dinero para pagarla. Por el otro, la sociedad permanece expuesta a la amenaza de los inimputables.

Eso sí: las necesidades de los legisladores están cubiertas y no corren peligro alguno.n

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