martes 24 de marzo de 2026
Cara y Cruz

Precariedad funcional

Independientemente del resultado que arroje la investigación judicial, el caso de los intendentes complicados en extracciones bancarias sospechosas marca una precariedad funcional inquietante.

Se trata de personas supuestamente experimentadas en la administración de recursos públicos que quedaron en la mira de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) por vulnerar normativas elementales.

La PROCELAC actuó en función de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre municipios en los que se extrajeron grandes sumas de dinero en efectivo sin justificación, mientras que en paralelo ingresaban fondos a cuentas privadas de empleados públicos que en muchos casos utilizaron esos depósitos para comprar dólar. La UIF trasladó información que le habían comunicado los bancos sobre extracciones inusuales por su volumen.

Las entidades bancarias y financieras están obligadas a hacerlo en sus Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), por lo que llama la atención que jefes comunales responsables de manejar millonadas desconocieran que quedarían expuestos y se abstuvieran de precaverse aunque fuera con dibujos contables para el caso de tener que justificarse.

Hay operaciones vidriosas en todo el país. En el caso de Catamarca, los involucrados son el exintendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos y los intendentes de Icaño, Franco Carletta y Corral Quemado, Octavio Isidro Gómez.

Ríos, figura representativa del radicalismo, ocupó el cargo en cuatro oportunidades. Carletta, del peronismo, sucedió en Icaño a su padre Pío, que es senador por el departamento La Paz. Gómez transita su cuarto mandato como radical.

Ninguno de los tres pudo dar explicaciones satisfactorias sobre el destino de cientos de millones de pesos de la coparticipación extraídos en efectivo por ventanilla.

Carletta retiró más de mil cien millones en 86 operaciones entre diciembre de 2021 y junio de 2024. Las extracciones fueron desde $1 millón hasta $90 millones, más de la mitad entre mayo y agosto de 2023, en los meses previos a las elecciones primarias de ese año, en el que fue reelecto.

El municipio informó que utilizó los recursos para pagar sueldos, becas y ayudas sociales, pero aportó como prueba una planilla de Excel del mes de diciembre de 2021 por alrededor de $5 millones: el 0,4% del total.

Si los funcionarios de la PROCELAC tenían alguna intención de ser contemplativos con las improlijidades, el respaldo de la gestión Carletta se las habrá quitado.

Gómez extrajo $771.000.000 entre diciembre de 2021 y junio de 2024, en operaciones que fueron desde $1,5 a $85 millones. Los representantes legales de la Municipalidad suscribieron declaraciones juradas informando que los fondos se destinarían a pagar sueldos y aguinaldos, bonos de fin de año, becas de estudio y de trabajo, proveedores, eventos públicos, honorarios, almuerzos para personal de salud, espacios publicitarios, ayudas sociales, contratos municipales y de obras y subsidios, pero omitió aportar documentación que certificara el cobro e identidad de los beneficiarios de los pagos descriptos.

Algo similar pasó con Ríos, con extracciones por $623.996.158, la mayoría de la cuales se realizaron en junio, agosto y noviembre de 2023, en coincidencia con las campañas para las PASO y el balotaje de ese año, en el que Ríos no podía ser reelecto como intendente pero fue precandidato a senador por el departamento Belén.

Debido a la posibilidad de que los fondos hayan sido utilizados para hacer proselitismo, las actuaciones fueron derivadas a la Justicia Electoral, que a su vez las distribuyó a los Juzgados federales correspondientes.

Las actuaciones catamarqueñas están en manos del fiscal Federal Santos Reynoso, quien debe determinar si se asiste a hechos de corrupción o mera negligencia.

Carletta, Gómez y Ríos tienen que juntar papeles desde 2021 para poder refugiarse en la torpeza. n

Seguí leyendo

Te Puede Interesar