En tiempos de creciente crispación política, el informe semestral presentado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) remarcó el deterioro del clima democrático que se produce cuando el poder convierte al periodismo en enemigo.
Al advertir que “la democracia se nutre del intercambio de ideas” y que la libertad de prensa es uno de sus pilares, ADEPA está recordando una obviedad que, sin embargo, comienza a erosionarse peligrosamente. Sin la prensa ejerciendo su labor en libertad, el debate público se empobrece. Y si no hay debate, la democracia se vacía.
Más allá de la enumeración de episodios de intimidación, censura o restricciones -que por sí solos ya resultan alarmantes-, el informe alerta sobre el rol de quienes ejercen el poder. Cuando desde las más altas esferas del gobierno se recurre a la descalificación sistemática, la estigmatización o el hostigamiento, se afecta a periodistas concretos pero también se envía un mensaje a toda la sociedad.
Ese “efecto contagio” al que alude ADEPA es un fenómeno visible. El intento de descrédito del periodismo se traduce en agresiones, en intolerancia hacia la crítica y en una progresiva naturalización de la violencia discursiva. La crítica es legítima -y necesaria-, pero otra cosa muy distinta es construir un clima donde informar tenga un costo.
En este contexto, iniciativas como la llamada “Oficina de Respuesta Oficial” despiertan una inquietud razonable. No porque el Estado no tenga derecho a comunicar, sino porque la tentación de erigirse en árbitro de la verdad suele derivar en prácticas incompatibles con una república. La historia argentina ofrece suficientes ejemplos de los riesgos que implica ese camino.
La respuesta a la desinformación no puede ser la imposición de una verdad oficial, sino más información, más pluralismo y más libertad. Es en ese ecosistema donde la sociedad ejerce su rol: comparar, discernir y decidir en quién confiar. Pretender reemplazar ese proceso por una narrativa unificada desde el poder es, en el mejor de los casos, un error; en el peor, una deriva autoritaria.
El llamado de ADEPA al diálogo no debe leerse como una formalidad sino como una advertencia concreta. El mensaje de fondo es que sin respeto institucional, sin reglas claras y sin garantías efectivas para el ejercicio del periodismo, la calidad democrática se deteriora.
El gobierno nacional tiene aquí una responsabilidad indelegable. Puede persistir en la lógica de la confrontación, alimentando una espiral que empobrece el debate público, o puede asumir que la crítica -incluso la más incómoda- es parte constitutiva del sistema democrático.
Garantizar la libertad de prensa no es una concesión sino una obligación. Y respetar al periodismo, aun en el disenso, es una señal de madurez política que hoy resulta imprescindible recuperar.
