Tratativas. Cerradas las paritarias provinciales, el Gobierno inicia las negociaciones con los intendentes.
Cerradas las paritarias con los estatales, el Gobierno emprende las negociaciones con los intendentes para tratar de cerrar un acuerdo general de contención del gasto, en al marco de una caída de los ingresos de la coparticipación que no tiene perspectivas de mejorar en lo inmediato.
El gobernador Raúl Jalil ha dicho que con marzo habrá pasado lo peor y pidió “tolerancia”, pero la guerra que dispararon los Estados Unidos e Israel en contra de Irán introdujo un factor de incertidumbre de complejo despeje: el precio de los combustibles subió ya un más de un 10%, las previsiones de la inflación del mes en curso superan el 3% y el cierre de las paritarias prevé un ajuste de los salarios estatales bimestral precisamente por inflación.
En beneficio del Gobierno, se hacen evidente lo sensato de las colocaciones financieras que permiten disponer de un colchón para afrontar sus obligaciones en lo inmediato, pero la situación es crítica y emerge nuevamente la tensión perpetua entre la Nación y las provincias, que es la distribución de los recursos fiscales.
La evolución de este debate está todavía por verse, las tratativas comenzarán esta semana, pero por lo pronto el Gobierno provincial iniciará la ronda de negociaciones con los intendentes para colectivizar los esfuerzos.
El estallido de la crisis salarial en Belén fue sucedido por un conflicto de características similares en Andalgalá. Los intendentes se declararon secos ante la presión de los empleados municipales por aumentos y apuestan a auxilios del Tesoros provincial para sortear sus problemas.
El Gobierno no ha cedido a la presión y subordina cualquier ayuda a la suscripción de un pacto fiscal centrado en medidas de ajuste. Lo que está tratando de hacer es cerrar un frente político a través del establecimiento de normas generales para todos los caudillos del interior.
El impulso inicial del los intendentes de Belén y Andalgalá fue delegar toda posibilidad de incrementos salariales en las contribuciones que pueda hacer la Provincia, pero hasta ahora dieron en penca. El Gobierno se resiste a dar respuestas aisladas porque teme un efecto dominó: si le resuelve a uno, tendrá que hacerlo con todos.
De ahí que, a diferencia de lo que hizo en otras oportunidades, condicione los respaldos a la previa presentación de un plan de los jefes comunales tendiente a restringir los gastos.
Esto se traduciría en un convenio que obliga a los municipios a remitir mensualmente a la Provincia la información sobre su planta de personal, abstenerse de incrementar desproporcionadamente la dotación de agentes en relación a la población y adoptar medidas para cumplir el tope del 65% en gasto de personal.
Los intendentes también deberían implementar un sistema unificado de liquidación de haberes para evitar la fragmentación de los pagos salariales, bancarizar el pago de becas y programas sociales con identificación de CBU y firmar convenios con la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT) y con la EC Sapem en un plazo de 30 días desde la firma.
El acuerdo tiende a ordenar una escena en general caótica. Es en rigor la insistencia de un pacto que se intentó hace un año, que la mayoría de los jefes comunales no quisieron firmar para mantener sus márgenes de arbitrariedad.
El derrumbe de la coparticipación les pega sin resto para continuar con la renuencia, cuando el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de la Capital ya resolvieron sus paritarias. Una escena institucional y política que no esperaban. Todos apostaban a que el Gobierno les facilitaría los fondos para replicar en sus territorios las pautas provinciales y capitalinas.
