No solo el presidente Javier Milei se ve obligado a morigerar sus desvaríos absolutistas para tratar de encontrar en dispositivos que permitan desempantanar la economía. Sus antagonistas maniobran en el mismo sentido, conscientes de que no saldrán con los prestigios ilesos si se limitan a obstruir las propuestas oficialistas en el juego parlamentario.
Es un aspecto interesante del momento político. Las carencias contribuyen a la tracción en mayor medida que las potencias. Milei fracasó en sus intentos de demolición institucional, pero los bandos opositores no consiguen sacar provecho de esta frustración y el Presidente mantiene todavía altas las expectativas sociales a pesar del rigor de un ajuste brutal.
Lo que está desafiado es la imaginación política. Milei emergió de un sistema en ruinas, que quedó obligado a reinventarse para comenzar a revertir su fragilidad.
Victorias y derrotas tienen en tal contexto un carácter más provisorio que de costumbre. Es la provisoriedad la que refrena inversiones y restringe el respaldo del FMI a lo retórico.
El derrotero de la Ley Bases es un ejemplo claro de esto.
Más allá del concepto que se tenga del Congreso y sus miembros, en general pésima, conviene recordar que fue la institución republicana la que administró la salida a la profunda crisis de 2001 y evitó que se espiralizara. Del mismo modo, allí se tramita ahora el nervio jurídico del programa libertario.
El mesianismo de Milei encontró su límite en el Parlamento.
Los más de 600 artículos de la Ley Bases original, pergeñados por el asesor Federico Sturzenegger, quedaron reducidos a un tercio.
El Gobierno tuvo que ceder aún más en sus pretensiones para obtener la media sanción en la Cámara de Diputados y ahora el proyecto es sometido a nuevos procedimientos quirúrgicos en el Senado, en un trámite en el que se destaca la elasticidad de los operadores gubernamentales, tan escasos de legisladores experimentados y solventes como necesitados de exhibir al país y al mundo una señal de que el Gobierno puede articular consensos, aunque sean mínimos, para darse una funcionalidad más consistente que el combo de motosierra y licuadora.
Es un cambio importantísimo: la administración Milei está dispuesta a considerar puntos de vista diferentes a los suyos.
Por esa brecha, los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y Salta, Gustavo Sáenz, le plantearon al ministro del Interior Guillermo Francos la necesidad de que en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) se incluyan disposiciones específicas para que los inversores contraten con proveedores locales.
Este pedido de los mandatarios está en sintonía con el de la Unión Industrial Argentina, que cuestiona la posibilidad de que los inversores que se acojan al régimen, que se extiende a todas las actividades, puedan importar insumos y maquinarias libremente.
Los gobiernos de las provincias mineras ven en el RIGI un instrumento valioso para desarrollar la actividad. La dinámica parlamentaria reveló defectos de la iniciativa y permitió matizar el respaldo incondicional que le daban en un principio.
Algo similar ocurre con la reversión de la escala del impuesto a las Ganancias. A provincias como Catamarca, con salarios en general muy por debajo de los 1,8 millones de pesos que se proponen como piso imponible, la propuesta les conviene porque redundaría en mayores ingresos por coparticipación federal.
Otras provincias con realidades distintas, como las patagónicas, comenzaron a trabajar en las excepciones que podrían introducirse, lo que abrió espacio para que Jalil y Sáenz le pidieran a Francos dejar fuera del esquema a los trabajadores de la salud estatales que superen el tope.
El Gobierno nacional necesita la Ley de Bases, lo más probable es que la obtenga. Pero quizás más importante que la norma en sí sea el indicio de que el sistema argentino se encarrila hacia un equilibrio y está en condiciones de hacer de sus necesidades una virtud. n
