La inclusión de niñas, niños, adolescentes y adultos con alguna discapacidad en las escuelas es un proceso que avanza, pero que está lejos de alcanzar el ideal que se persigue. Hasta promediando el siglo pasado, la mayoría de las personas con discapacidad ni siquiera asistían a las escuelas. Luego comenzaron a cursar estudios en escuelas especiales. La tendencia pedagógica actual es que sean incluidas en escuelas comunes con el apoyo de maestras integradoras o acompañantes terapéuticos.
No es solo una recomendación de los expertos. La educación inclusiva está garantizada, internacionalmente por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 establece que ningún estudiante puede quedar excluido del sistema general de educación por su condición.
La mayoría de las escuelas, sin embargo, no están preparadas para recibir a personas con discapacidad, no solo por la falta de preparación de los docentes, sino también de sus propios compañeros. Según estadísticas del INADI, es en la escuela donde más se ejerce la discriminación a las personas con discapacidad.
Para intentar empezar a derribar esas barreras que impiden la educación inclusiva, un grupo de integrantes de la organización Tea Padres Autoconvocados (TPA), que nuclea a familiares de personas con trastornos del espectro autista, presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para capacitar a docentes de todo el país en discapacidad y dificultades del aprendizaje. La iniciativa propone concretamente una capacitación "obligatoria, permanente, actualizada y continua para docentes de instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada de todos los niveles obligatorios del Sistema Educativo Nacional".
La idea es replicar fórmulas que han tenido amplio consenso en materia de capacitaciones en temas estratégicos, como la Educación Sexual Integral, la Ley Micaela (de capacitación obligatoria en género y violencia de género) o la recientemente sancionada Ley Lucio (de capacitación obligatoria sobre derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes).
En lo referido a capacitaciones en discapacidad, actualmente son optativas, lo que resulta insuficiente si el objetivo es lograr la inclusión escolar.
Romina Núñez, autora de la propuesta legislativa, integrante de TPA y abogada especializada en discapacidad, sostiene que "hay quienes dicen que esto va a implicar una carga para los maestros. Pero también recibo múltiples mensajes por día de docentes agradeciéndome. Porque la ley, en definitiva, no busca convertirlos en profesores de educación especial, ni quitar a la maestra integradora o a los acompañantes, sino brindarles herramientas para que sepan cómo convivir con las diversidades. Capacitarlos para que si un día la integradora falta, el niño pueda ingresar igual al establecimiento, algo que no pasa actualmente".
De aprobarse y, siempre cuando supere filtros que la política suele interponer en determinadas circunstancias, el proyecto será una importante contribución al afianzamiento del proceso de inclusión de personas con alguna discapacidad en el sistema educativo.n
