La violencia hacia niños, niñas y adolescentes esta naturalizada en nuestra sociedad.
La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de Unicef (2019/2020) concluye que el 59% de chicas y chicos entre 1 y 14 años experimentaron prácticas violentas de crianza: el 42% castigo físico (incluye formas severas, como palizas y golpes con objetos), y el 51,7% agresión psicológica (como gritos, amenazas y humillaciones), a algunas víctimas fatales se las conoce por los medios públicos , a otras no, pero esos actos violentos contra los niños , niñas tienen un denominador común, son cometidos por personas que estaban a su cuidado ( y de su entorno familiar) y en su propio hogar donde en vez de recibir amor, es el horror.
En Catamarca según el RUN (Registro Único Nominal) dependiente de la Secretaría de Familia, en el año 2019 se registraron más de 150 denuncias por vulneraciones de derechos a la línea 102, de las cuales 42 eran específicamente de maltrato infantil, y en el año 2020 hubo un aumento de ingresos de niños, niñas o adolescentes a los hogares de protección por vulneraciones de derechos por parte de sus familias (maltrato, abuso, descuidos).
En este momento en el Congreso de la Nación se encuentra en tratamiento en sesiones extraordinarias la ley de prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes que se reconoce por un nombre propio, el de Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa y que por el caso fueron condenadas su madre, y la pareja de ella, pero previamente a esta ley y desde el año 2005 existe la Ley 26061 de protección integral de niños niñas y adolescentes que creo el Sistema de Protección Integral y a nivel provincial la ley 5357 , que significa que el Estado tiene la obligación de proteger integralmente a nuestros niños y niñas tal como lo establece la Constitución Nacional que incorpora la Convención de los Derechos del niño.
El sistema debe funcionar, pero tiene deficiencias y debe ir acompañado de políticas públicas, presupuesto para las áreas de niñez, recursos humanos específicos, y sobre todo un debate que ponga el acento en la igualdad de derechos de niñas, niños, adolescentes aparte de la formación continua y permanente a los efectores de esos derechos tanto públicos como privados, pero si no hay responsabilidad institucional el sistema falla. A nivel judicial el sistema también falla porque los jueces y juezas no conocen a los niños y generalmente no les dan voz con el argumento de manipulaciones y armado de falsas denuncias, las Camara Gesell son escuetas y muchas veces revictimizantes, existen vinculaciones forzadas, sin tener en cuenta que cuando un niño o niña puede expresar lo que le pasa, el trabajo posterior permitirá hacer un diagnostico para rearmar a este sujeto. Asimismo a nivel familiar es importante que los adultos y toda la sociedad sepa que los niños, niñas y adolescentes no son un objeto que pueden avasallar y lastimar en nombre de la autoridad que les daría su condición de padre, madre abuelo tutor o cuidador a cargo, sino que son sujetos de derechos y que deben ser respetados en su dignidad, desde los 0 años.
El mundo adulto utiliza métodos de crianza violentos porque aprendieron a relacionarse de esa forma. Conocen un modelo en el cual fueron criados y, sin cuestionarlo, vuelven a aplicarlo. Entonces la función de madres, padres, cuidadores y del Estado es generar el clima y las condiciones adecuadas para el desarrollo de la personalidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, contenerlos, respetarlos, y hacer valer sus derechos, solo así evitaremos desenlaces fatales.
