Por Enrique "Quique" Giménez (*)- Especial para El Ancasti
31 de agosto de 2023 - 09:25
Tal vez alguien piense que el promocionado voucher educativo que alientan los libertarios soluciona los problemas educativos, pero está muy lejos de eso y más bien parece solo un instrumento de achicamiento del estado. Primero hay que advertir a los entusiastas que no se trata de un billete que cualquiera va andar agitando en una esquina para ver qué director o directora de escuela lo paga mejor. Que es un negocio y alguien se va a enriquecer sin duda. Pero no funciona así y dudosamente resuelva la crisis educativa.
La idea de financiar la demanda en vez de la oferta en la educación pública no es nueva. Se difundió durante los noventa al compás de la Ley Federal de Educación que consideró a la educación un servicio en vez de un derecho, confiando en la capacidad de la “mano invisible” del mercado para organizar la educación popular. Se cree que con esta herramienta la matrícula ser orientará a las escuelas que andan bien y las que andan mal van a cerrar por pura espontaneidad de las opciones racionales de las familias que eligen libremente las mejores escuelas. Es una iniciativa cargada de ideología.
En la viabilidad de la iniciativa y los resultados experimentados se muestra su débil carácter de instrumento de superación de los problemas educativos.
El vale es de difícil implementación en manos de un presidente de la Nación. Los sistemas escolares en todos sus niveles y modalidades son una responsabilidad de las provincias y los financian sus presupuestos. Según las últimas cifras oficiales correspondientes al 2021, la contribución al financiamiento educativo por parte del gobierno nacional fue de 1,22 puntos de PBI, mientras que las provincias aportaron 3.60 puntos. Para ese mismo año para el pago de salarios, que ocupa más del 80 % del gasto educativo total en la provincia de Catamarca, Nación había aportado el 10 %. Vale decir, si un gobierno nacional (manteniendo este nivel de aporte) quisiera implementar un vale escolar correspondería sólo a un cuarto del valor del gasto educativo y, además, dependería del consentimiento de las provincias para modificar la forma de asignación del financiamiento en su totalidad. Aparte de tener que cambiar la Ley Nacional de Educación para introducir normas que permitan este mecanismo.
En segundo lugar, la creencia de que el vale educativo mejora los resultados tiene poco respaldo. Los libertarios ponen el ejemplo de Suecia (no quieren que se compare su propuesta con Chile), para decir que donde se implementa los resultados son mejores. Ese país, de 10 millones de habitantes y una densidad poblacional de 20 por kilómetro cuadrado (Argentina tiene 16) anduvo entre los veinte mejores promedios de la prueba PISA 2018. Pero resulta que los países y regiones top 10 con mejor puntuación no implementan los vales. China y su ciudades son las mejor puntuadas. Además, los resultados de Suecia en esa prueba están objetados ya que el 11 por ciento de los estudiantes que debían hacerla fueron excluidos ese día (llamativamente).
Hay que leer el voucher en conjunto con la idea de eliminar el Ministerio de Educación que exponen los libertarios para cambiarlo por su ministerio de capital humano, definición muy precisa de lo que consideran humano y de lo esperable en materia de formación. La desaparición del Ministerio de Educación no es nueva, ocurrió en los pocos días que duró el gobierno de Adolfo Rodríguez Saa, que transformó en secretaría esa área entendiendo justamente que la responsabilidad de la educación era de las provincias y no valía la pena tener un ministerio nacional. Era muy razonable en el marco del programa neoliberal gobernante desde el menemismo y que instrumentó el traspaso a las provincias de todas las escuelas y que De La Rúa intentó continuar con la municipalización de los servicios educativos como paso previo a la privatización total de los sistemas, cuestión que por razones históricas obvias no prosperó.
El problema educativo concreto son los resultados de aprendizajes. Los cuestionamientos a la situación actual se alimentan de los magros desempeños de los estudiantes y la pérdida de sentido de la escuela como espacio de saber. Pero ni el voucher ni la privatización de los sistemas, ni mucho menos entender la educación como negocio resuelven esto (además, los privatistas siempre terminan rogando la intervención del estado para las entre-comillas “correcciones de mercado”, que obviamente siempre mejoran las ganancias empresarias). Al contrario, esas propuestas agravan la situación porque ponen en riesgo los logros en materia de inclusión y universalización.
Sin embargo, es urgente adoptar políticas para mejorar los aprendizajes que muestren la capacidad estatal de cumplir con el mandato de justicia social educativa y asegurar derecho a educación de calidad para todos y todas. Si no hay cambios drásticos en materia pedagógica y de condiciones de educabilidad, en lo curricular, la organización de la enseñanza y la compensación de las dificultades económicas del hogar los resultados seguirán siendo inobjetablemente malos, prestándose como instrumento justificativo de quienes aspiran a hacer de la escuela un negocio para pocos.
(*) Doctor en Ciencias Sociales; Especialista egresado del IIPE UNESCO; ex subsecretario de Planeamiento Educativo
