Por Juan José Sánchez (*)
Juan José Sánchez
Por decreto 1094/24, el presidente Milei, a través de su ministro de ajuste Federico Sturzenegger, echó mano a la Ley N° 26.117: disolvió el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL; disolvió la COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN de dicho programa; disolvió el FONDO NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO; y eliminó el REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES DE MICROCRÉDITO. Pero no derogó dicha ley.
El Programa de Promoción del Microcrédito fue un ejemplo mundial de política pública de promoción del emprendedurismo a través de microcréditos no lucrativos, con tasas de interés subsidiadas en al menos 30 puntos porcentuales (pp).
Pero el mencionado ministro debe conocer muy bien el texto de la ley como para no derogarla por completo, sino dejar vigente el articulado que le es útil para que empresas privadas puedan ser eximidas de impuestos y liberar la tasa de interés a entidades microfinancieras y bancos privados, que podrán operar a través de sus fundaciones empresarias, pescando en la pecera de las necesidades de emprendedoras y emprendedores familiares ahorcados por la crisis. En efecto, el artículo 19 de la ley sigue vigente y dice: “Las operaciones de microcréditos estarán exentas de tributar los impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta, al valor agregado, según corresponda”.
Cuando hablamos de micro-crédito no nos referimos a un crédito “chiquito”, para emprendimientos pequeños, sino que el micro-crédito es una herramienta apropiada para financiar el ciclo operativo de un emprendimiento: el pago a los factores de producción en una vuelta de la rueda productiva (financia el “capital de trabajo”). Se diferencia de los “créditos de desarrollo” ya que estos financian el “activo fijo” (inversión fija), es decir, la creación o ampliación de la capacidad productiva. En general podemos decir que el microcrédito no resuelve problemas económicos: no crea mercados ni genera economías. La herramienta financiera es el “acelerador del emprendimiento”: acelera el éxito tanto como el fracaso. Si el proyecto es bueno y el contexto es el apropiado, el crédito ayudará a que la empresa tenga éxito más rápidamente, en cambio si la idea es mala y/o el contexto no es el adecuado, el crédito hará que la empresa fracase (“quiebre”) más rápidamente. Pero en los sectores populares bajos y medios-bajos, nadie se puede dar el lujo de no trabajar, y a pesar de que el contexto sea altamente negativo, continúan trabajando con lo único que le es propio: su capacidad de trabajo. Lo que en el barrio se llama “poner el lomo”. Intensifican la autoexplotación y logran pagar los créditos usurarios que toman, obligados por las necesidades del mercado.
Podemos afirmar que en los sectores populares la principal herramienta financiera la constituyen los propios ahorros, o los ahorros de algún miembro de la familia. Existen una infinidad de formas “no-formales” de “créditos” entre amigos y parientes y existen también otras formas como crédito de proveedores y diversas formas de “tarjetear” (financiarse con tarjetas de crédito). También existen prestatarios usureros informales. Pero la Ley de Microcrédito se orienta a la promoción y regulación de aquellas instituciones que se dedican profesionalmente al microcrédito. Estas pueden ser:
• Las entidades microfinancieras mercantiles son empresas que ofrecen créditos pequeños con intereses muy elevados y garantías personales. Estas entidades pueden operar directa o indirectamente a través de comercios o entidades sociales, y su objetivo es obtener una renta o interés a través de la comercialización del dinero. Ejemplo de esto son entidades con fines de lucro que forman parte de la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito – RADIM(ver https://www.linkedin.com/company/radim/ ). Un ejemplo de esto en Catamarca lo tuvimos con la efímera aparición de la empresa “FIDE Gran Poder” o las líneas de microcrédito del banco Columbia.
• Las entidades financieras sociales sostenidas por el mercado son organizaciones sin fines de lucro (fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas, mutuales) que ofrecen créditos a tasas de interés elevadas, similares a las de las entidades financieras mercantiles. Sin embargo, a diferencia de estas últimas, las entidades financieras sociales reinvierten los resultados positivos en beneficio del mismo sector prestatario, por lo que el "interés" que cobran es más bien un "recupero de gastos". Ejemplo de esto son algunas de las entidades sin fines de lucro miembros también de la RADIM.
• Las entidades financieras solidarias sostenidas por un presupuesto son organizaciones que ofrecen créditos a personas o empresas que no tienen acceso a financiamiento tradicional. A diferencia de las entidades financieras mercantiles, estas organizaciones tienen un enfoque social y buscan promover el desarrollo y la inclusión financiera. Estas entidades suelen ser financiadas por donaciones privadas o por programas gubernamentales, como la Ley Nacional 26.117 de Promoción del Microcrédito. Los prestatarios pagan una parte del costo de operación, pero las tasas de interés son mucho más bajas que las de las entidades financieras mercantiles. Algunos ejemplos son las entidades “pioneras” del Programa Nacional (como la Fundación Nuevos Surcos que opera en gran parte del Norte Argentino y de la que participa la ONG catamarqueña BePe; Caritas Quilmes; SEDECA; etc.) y la Red Nacional del Banco Popular de la Buena Fe (presente en todo el país y de la que participa la Coop. de Trabajo Juanito Contreras de Catamarca).
• Las entidades de crédito autogestionado recíproco y solidario son organizaciones formadas por prestatarios que se auto-administran de manera democrática y comparten un fondo rotativo común. Estas entidades pueden ser formales (cooperativas, mutuales) o informales (asociaciones civiles). Características clave: Los prestatarios son también los administradores del fondo; El fondo es propiedad colectiva de los miembros; La diferencia entre el monto prestado y el monto devuelto no es una renta al capital, sino un flujo de cooperación recíproca; Pueden ser autónomas o recibir subsidios o fondeo a través de la Ley Nacional de Microcrédito. Este tipo de entidades promueve el ahorro comunitario y la capitalización colectiva, y se enfoca en la cooperación y la solidaridad entre los miembros. Ejemplo de esto son innumerables fondos rotativos de comunidades campesinas, como el que sostiene la Asociación Campesinos del Abaucán ACAMPA en el norte de Fiambalá.
Entonces, la Ley de Microcrédito 26.117 lo que estaba haciendo al crear el Programa de Promoción del Microcrédito, la Comisión de Coordinación y el Fondo Nacional, era favorecer el acceso al crédito de emprendedoras y emprendedores que, de otra forma deberían intensificar su auto-explotación sólo para reproducir sus medios de subsistencia y pagar tasas de interés usurarias.
Según el ministro Sturzenegger en una publicación de Twitter (la red “X”), desde el 2006 la CONAMI le habría costado al Estado Nacional el equivalente a casi quinientos mil millones de “pesos de hoy”, y lo compara con la foto de lo que queda del programa a fines del 2024, después de 9 años de destrucción. El ejercicio de acumular flujos y compararlos con saldos (fijos) es una actividad que nos tienen acostumbrados los economistas liberales libertarios. La realidad es que para comparar eso deberíamos hacer un recuento de los beneficios que, en estos 18 años el programa generó a la población excluida del sistema financiero formal. Sólo en los primeros 10 años de ejecución, el Programa llevaba registrados más de 500.000 créditos otorgados (Realidad Económica 302 (2016) pp. 93-117 ISSN 0325-1926).
Además, la práctica de deflactar series de tantos años, con los niveles de inflación que tuvimos desde el 2018 puede llevarnos a conclusiones extrañas. La verdad es que el presupuesto de la CONAMI no superó nunca el 0,2% del presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y alcanzó a más de 14.000 emprendedores populares mercantiles autónomos constantemente durante 18 años, con créditos para capital de trabajo, con tasas de interés máximas que en los primeros 10 años estuvieron al 6% anual efectiva y luego pasaron al 23%, para descender nuevamente en el 2020 al 3% efectivo anual.
Para conocer los resultados del Programa, vamos a ir a las fuentes: las Auditorías Internas y los Informes de Gestión. Tomemos por ejemplo los de los años 2017 y 2021 (últimos disponibles en Internet).
El informe de Auditoría de 2017 revela que todos los expedientes cumplen con los requisitos documentales establecidos por la normativa vigente. La ejecución financiera de la CONAMI en 2017 fue de $202.934.837, lo que representa sólo el 0,15% de todo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. De este presupuesto, el 74% se destinó a subsidios para Organizaciones Administradoras y Ejecutoras, mientras que el 26% se utilizó para gastos del equipo central. Gracias al trabajo del equipo central, se procesaron 125 expedientes de organizaciones administradoras. La implementación de la Gestión de Documentación Electrónica (GDE) redujo a la mitad los tiempos administrativos de gestión de expedientes. Los subsidios se utilizaron para crear o incrementar fondos rotativos ($100 millones), gastos operativos ($45 millones) y fortalecimiento institucional ($4,5 millones).Como resultado, se otorgaron 21.049 microcréditos en 2017, beneficiando a más de 10.000 emprendedores y cooperativas y asociaciones de productores. Además, más de 300 técnicos y capacitadores apoyaron el desarrollo de estas familias emprendedoras.
El Informe de Gestión 2021 revela que se gestionaron 18.878 créditos a través de 234 Organizaciones Ejecutoras en 21 provincias. Esto benefició a 13.397 prestatarios, con una inversión total en créditos de $588.985.527.Un dato destacado es que un 10% de las instituciones de microcrédito continuaron operando con tasas de interés efectivas del 3% anual, a pesar de no recibir financiamiento de la CONAMI. Además, un 8% de estas instituciones mantuvo su operación de manera continua durante cinco o más años sin financiamiento. Esto sugiere una gran resiliencia y capacidad de adaptación en el sector de microcréditos.
En definitiva, el Programa Nacional de Microcrédito estuvo enfocado en el desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria. Recordemos que un tercio de la población activa actual responde a esta definición.
Además del acceso al crédito en condiciones favorables para el desarrollo productivo, el Programa se orientaba a la transformación social: buscaba transformar la sociedad a través del financiamiento responsable y solidario: respetar la lógica socioeconómica de las actividades que se financian, pero buscando mejorar las condiciones de trabajo y vida de las y los involucrados. La Ley 26.117 permitía transformar subsidios en créditos con una tasa de interés regulada máxima que en los primeros diez años fue del 6% anual, además de promover la co-construcción de Políticas Públicas y la co-producción de las mismas, con la sociedad civil y el mercado local. El Programa ha sido muy exitoso en una construcción que combina lo público y lo privado; el desarrollo de la Economía Social y Solidaria en Argentina; y la mejora de las condiciones de vida de la población. La política ha mejorado las condiciones de vida de las y los involucrados.
Por eso, al desarmar la ley de Microcrédito y eliminar los componentes esenciales para la transformación social, el ministro Sturzenegger lo que busca es la conservación y el fomento de un negocio privado. Cambiamos derechos por negocios, y eso nunca ha sido bueno para los sectores descartados, las y los que no acceden al poder del dinero.
(*) Licenciado en Administración, Especialista en Gestión de la Economía Social y Solidaria (EGESS – UNQ), Maestrando en Economía Social (MAES – UNGS). Miembro de la Coop. de Trabajo Juanito Contreras LTDA. Coordinador para Catamarca del Movimiento Nacional Cuidadores de la Casa Común.
