El método empleado por el Gobierno nacional para suspender el envío de partidas o alimentos a los comedores populares guarda lamentable similitud con las bajas de las pensiones por discapacidad: en ambos casos se adoptaron decisiones que afectan a personas de alta vulnerabilidad sin haber realizado los controles estatales imprescindibles. Son, en consecuencia, medidas ilegales pero además inmorales.
A poco de asumir el gobierno de Javier Milei se conoció que el Ministerio de Capital Humano no entregaba ni partidas ni alimentos almacenados en grandes depósitos, y adquiridos durante el gobierno de Alberto Fernández. En mayo del año pasado, para justificar tal omisión, tanto la ministra Sandra Pettovello como el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, dijeron públicamente que el gobierno nacional había realizado una auditoría y que había detectado que la mitad de los comedores comunitarios no existían. Esa versión, aunque nunca documentada, quedó instalada en la sociedad.
Para conocer los detalles del presunto estudio y la veracidad de la información allí recogida, una diputada nacional por la provincia de Buenos, Natalia Zaracho, realizó un pedido de acceso a la información pública dirigida al Ministerio de Capital Humano que conduce Pettovello, solicitándole los resultados de la mencionada auditoría. Lo hizo apenas un día después de las afirmaciones de Posse.
Pese a que el gobierno de Milei tenía, de acuerdo a la normativa vigente, 15 días hábiles para contestar, con la posibilidad de una prórroga excepcional de otros 15 días, la respuesta se conoció recién la semana pasada, un año y cuatro meses después. Y fue la admisión de que, en realidad, la auditoría nunca se había realizado. Es decir, que tanto Sandra Pettovello como Nicolás Posse habían mentido.
Todos los aspectos derivados de este tema son graves: la decisión de cortar la ayuda a comedores en un contexto de pobreza e indigencia en franco crecimiento, el engaño sobre la supuesta auditoría y la demora en responder el pedido de información, en clara violación de la ley nacional 27.275.
Debe añadirse que el corte en el suministro de alimentos originó una denuncia penal, y en función de ella la Justicia intimó al Ministerio de Capital Humano que libere los alimentos, sin obtener hasta fines del año pasado respuesta favorable a la exigencia.
Algo parecido ocurrió con las pensiones para personas con discapacidad, que se dieron de baja sin constatar irregularidades, con el único fin de “ahorrar” fondos del erario público. El patrón es el mismo: primero se estigmatiza a los beneficiarios, insinuando que detrás de ellos hay una trama de abusos o clientelismo; luego se paralizan los recursos con la excusa de un control inexistente, y finalmente se traslada la carga de la prueba a los más vulnerables.
Pero la verdad, más temprano que tarde, sale a la luz.n
