lunes 9 de mayo de 2022

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Editorial

Más presión para cerrar el esquema

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16 de enero de 2022 - 02:10

El Gobierno provincial busca, a esta altura en forma prioritaria, reducir al máximo el porcentaje de personas no vacunadas contra el Covid-19, cuya tercera ola provoca cada día más contagios, internaciones y muertes en el país.

La primera medida fue la implementación, en simultáneo con otras provincias, del denominado pase sanitario como requisito obligatorio para el ingreso a eventos masivos en lugares abiertos y cerrados y en boliches bailables, que consiste sencillamente en contar con la aplicación en el celular que certifica el esquema completo de vacunación. O, de lo contrario, con la libreta de vacunación.

Posteriormente, en lo que significó su disposición más “impopular”, el Poder Ejecutivo resolvió que quienes no tengan ninguna vacuna aplicada o solamente la primera dosis deberán pagar de su bolsillo los eventuales gastos de tratamiento si contrajeran Coronavirus. Si fueran afiliados a OSEP, deberán pagar el coseguro, mientras que los que tengan el esquema completo –dos o tres dosis- se beneficiarán con el fondo oficial destinado al Covid-19.

Finalmente esta semana, el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos dictó un memorándum destinado a los empleados públicos de la Administración, en todos los escalafones, por el que define quiénes serán considerados grupos de riesgo para realizar teletrabajo. Y además, dispuso medidas de prevención con los estatales que por razones ideológicas, religiosas o culturales decidieron no vacunarse.

El “memo” aclara que aquellos que a pesar de disponer de los medios para vacunarse no lo hicieron, deberán firmar una declaración jurada de retorno a la actividad laboral, en carácter presencial, en la que asumen la “responsabilidad y el compromiso para arbitrar todos los medios preventivos, evitando así complicaciones y riesgos que su determinación pudieran ocasionar tanto para sí mismos como para terceros".

Lógicamente, también se prevé situaciones de enfermedades incompatibles con la vacuna contra el Covid, en cuyo caso los empleados deberán sumar a su declaración jurada el certificado del médico de cabecera que hubiera desaconsejado tal inoculación, pero también deberá retornar a la actividad presencial.

El instrumento determina que las personas exceptuadas del trabajo presencial en la administración pública son aquellas con inmunodeficiencias, pacientes oncológicos y trasplantados y embarazadas de alto riesgo, en cualquier trimestre.

Los agentes que están comprendidos en los grupos de riesgo deben gestionar la revalidación de la acreditación de riesgo, enviando la evidencia médica actualizada.

Las medidas oficiales no fueron bien recibidas, como era de esperar, pero lo cierto es que en la primera semana que se anunció la segunda de ellas –el pago del tratamiento- se aplicaron más de 14.000 dosis en la provincia, lo que confirma, lamentablemente, que el bolsillo es el músculo más sensible de mucha gente.

La vacunación ha demostrado, por otra parte, que la mayor parte de los pacientes que se contagiaron después de las dos dosis no necesitaron hospitalización y superaron la infección con síntomas leves.

En tal sentido, no hay discusión posible desde el punto de vista de la salud.

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