sábado 20 de abril de 2024
Cara y Cruz

Los supremos entran en la puja

El reclamo por la actualización de las partidas presupuestarias del Poder Judicial que la Suprema Corte se apresta a plantear a la Presidencia enrarecerá aún más un clima político signado por el chantaje económico.

Aunque la Ley Ómnibus haya naufragado en el Congreso, el DNU sigue en vigencia salvo por suspensiones parciales impuestas por jueces de primera instancia entre las que se destacan las que conciernen al régimen laboral. La definición de la Corte es clave en este aspecto para las prerrogativas que pretende tener el presidente Javier Milei.

Por cuerda aparte, también será determinante la posición que el tribunal asuma respecto de los planteos de las provincias por podas a sus recursos practicadas por la Nación unilateralmente, como las de los subsidios al transporte y el Fondo de Incentivo Docente.

Son bazas poderosísimas para intentar excluir a la Justicia federal de la implacable decisión recortadora de Milei basada en el principio “no hay plata”. Sin embargo, si exceptúa a los magistrados de las penurias a las que sus disposiciones restrictivas del gasto someten al resto de la sociedad, la Casa Rosada incurriría en una contradicción riesgosa desde el punto de vista político con un elemento adicional: contaminaría con sospechas de contubernios eventuales sentencias definitivas a favor de sus pretensiones.

El poder de Milei para mellar las finanzas provinciales radica principalmente en la ausencia de un Presupuesto para el año en curso. Ha prorrogado el del año pasado, cuyo desfasaje frente a un escalada inflacionaria del 50% en los dos primeros meses de gestión es brutal. Esto aumenta los márgenes de su discrecionalidad para manipular las partidas, o premiar y castigar según sea el caso.

De ahí que los gobernadores no consigan unificar criterios para plantarse frente al recorte. No es solo que teman las agresiones del Presidente y sus acólitos. Con la prórroga del Presupuesto 2023, Milei tiene la llave para aliviarles el desfinanciamiento. La mayoría mantiene esperanzas en la clemencia presidencial.

La Corte cuenta con resortes más importantes para llevar a Milei a la encerrona, además del entrenamiento adquirido en sus reyertas con el kirchnerismo.

Un informe que circuló en el Consejo de la Magistratura propone que se solicite un incremento de crédito presupuestario por 315.965 millones de pesos, que es el total del déficit proyectado para 2024.

El déficit de crédito para gastos de personal asciende a 283.000 millones de pesos e impactaría en agosto de 2024, aunque el informe destaca que esta proyección no contempla que se den otros aumentos de sueldo en todo el año, excepto el que otorgó la Corte el 1 de febrero, retroactivo a diciembre.

Con el Presupuesto en vigencia, el Poder Judicial federal se queda sin financiamiento a más tardar en mayo.

¿Recibirá la Corte el mismo trato que Lali Espósito?

El superávit financiero del que se envanecen Milei y su ministro de Economía Luis “Toto” Caputo se ha alcanzado a un costo tenebroso. Según el Observatorio Social de la Universidad Católica, la pobreza trepa ya al 57% y aún faltan los “meses más duros”, según dijo el propio Presidente.

Tamaña escalada se postula como una virtud: la inflación y la pobreza se hubieran acelerado muchísimo más si no se imponían los recortes a sangre y fuego.

¿Será así? Nunca se sabrá. Alberto Fernández seguía el mismo razonamiento cuando sostenía que los muertos por COVID en la Argentina hubieran sido más si a la crisis sanitaria la administraba Mauricio Macri. n

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