Desvío. El ministro de Economía Luis Caputo usa fondos para las rutas para fondear el equilibrio fiscal
Mientras opera para transferir la responsabilidad por el mantenimiento de las rutas nacionales a las provincias, el Gobierno nacional ejecutó sólo una cuarta parte de los recursos destinados específicamente a financiar obras de infraestructura vial y colocó el resto en el mercado financiero. Hay simetrías muy ilustrativas sobre las volatilidades económicas que se obstinan en permanecer a pesar de las celebraciones de la Casa Rosada: es la misma lógica que hace el Gobierno catamarqueño, aunque con excedentes financieros que no tienen destino específico.
En el caso nacional, la operatoria tuvo como epicentro el Sistema Vial Integrado (SisVial), un subsistema del fideicomiso financiado con una porción del impuesto a los combustibles líquidos que por ley debe utilizarse para financiar la construcción, rehabilitación y conservación de la red vial nacional.
En los dos años y medio de la actual gestión, el Estado nacional acumuló más de $1,5 billones bajo este concepto, pero aplicó apenas una cuarta parte ($394.406 millones) a su objetivo específico.
Hacia finales de mayo pasado, el Palacio de Hacienda mantenía una abultada cartera de inversiones de más de $1 billón colocada en instrumentos bursátiles como LECAP, BONCAP, letras indexadas por inflación (LECER) y plazos fijos en el Banco Nación.
Tres cuartas partes de los recursos para infraestructura fueron destinados por el Gobierno nacional a inversiones financieras. Tres cuartas partes de los recursos para infraestructura fueron destinados por el Gobierno nacional a inversiones financieras.
Las principales trazas y corredores del país exhiben un deterioro acelerado, mientras los fondos creados para repararlas se aplican a consolidar el superávit y absorber pesos. Es una decisión política consistente con el orden de prioridades establecido por la administración libertaria, bajo el cual las provincias han experimentado significativas reducciones de los fondos que tradicionalmente las transfería la Nación, aún en contra de la ley y con los ingresos por coparticipación en baja por la caída de la actividad y la recaudación.
En el plano provincial, la ingeniería contable respondió a una matriz de administración de liquidez conceptualmente equivalente.
Tras la difusión de las resoluciones oficiales de la Tesorería General relativas a la gestión del anticipo de coparticipación de $150.000 millones otorgado por el Tesoro Nacional en abril pasado, se ratificó que el Poder Ejecutivo catamarqueño resolvió colocar $140.000 millones en un plazo fijo en el Banco Nación a una Tasa Nominal Anual favorable frente al costo financiero del reembolso, sumados a $10.000 millones en Fondos Comunes de Inversión (FCI). La maniobra se reiteró posteriormente, con una cifra ya cercana a los 200 mil millones.
Hay matices entre los movimientos de Nación y Provincia, pero la justificación técnica es iidéntica: resguardar el valor real de los saldos líquidos frente a una inflación que no cede y amortiguar los tiempos de la economía real mediante el aprovechamiento sistemático de las tasas de interés del mercado.
Esta estrategia de resguardo financiero se da, además, en un contexto de negociaciones para definir las responsabilidades de mantenimiento de rutas nacionales estratégicas como la 38, la 60 o la 157, ante la parálisis total de los giros nacionales.
La equivalencia metodológica entre Nación y Provincia coloca a la oposición catamarqueña ante la paradoja de cuestionar la “bicicleta financiera” de la Tesorería provincial, mientras se distrae de la subejecución y colocación financiera billonaria realizada por el equipo económico que conduce el ministro Luis Caputo, que este jueves concretaría junto al Jefe de Gabinete Diego Santilli la visita a Catamarca suspendida la semana pasada. Al parecer del encuentro surgirían nuevas paradojas para elenco libertario local.n
