25 de julio de 2025 - 10:08
Los nombres no figuran ni figurarán jamás en los titulares. No hubo tiempo para que sus historias comenzaran. Murieron antes de tener voz. Fueron bebés recién nacidos, sanos, entregados al sistema de salud pública con la esperanza más básica de cualquier familia; que la vida comenzara protegida. Pero en Córdoba, en el Hospital Neonatal, ese sistema falló de forma brutal. Y la sentencia de 3.161 páginas que acaba de dictarse no solo reconstruye un crimen, sino también deja expuesta una verdad institucional más profunda: la infancia sigue sin ser prioridad para el Estado argentino.
La causa Neonatal de la provincia de Córdoba se enmarca en un tipo de violencia mucho más amplia que la ejercida por una sola persona; se trata de un caso paradigmático de violencia institucional contra niños y niñas, entendida como toda forma de daño o vulneración de derechos que ocurre dentro de una institución pública -en este caso, un hospital estatal- y bajo la responsabilidad directa de sus agentes o por su omisión. La violencia institucional contra la infancia no requiere necesariamente tratos físicos o verbales, basta con la falta de respuesta frente a riesgos evidentes, con la negligencia sostenida, con la tolerancia a patrones de conducta lesiva. Eso fue, precisamente, lo que ocurrió en este caso, las alertas existieron, los episodios se repitieron, el personal advirtió, las madres denunciaron, pero quienes debían actuar eligieron no hacerlo.
Frente a ese escenario, la sentencia marca un punto de inflexión. Si bien la condena de la enfermera Brenda Agüero por homicidios calificados ocupó el centro de la escena mediática, la decisión judicial va mucho más allá; pues reconoce que el Estado fue responsable por omisión, que las autoridades sanitarias del hospital tenían un deber legal y moral de proteger, y que su pasividad los convierte en partícipes de una estructura de violencia institucional.
En este sentido, la condena por incumplimiento de deberes y omisión de denuncia a jefas médicas y a la directora del hospital es una señal firme -aunque tardía- de que la inacción también mata, y que el silencio administrativo no puede ser excusa para eludir responsabilidades.
Sin embargo, uno de los aspectos más humanos y transformadores de esta sentencia no reside únicamente en la atribución penal de responsabilidades, sino en algo mucho más simple y revolucionario; el uso del lenguaje claro en el pronunciamiento final dirigido a las víctimas.
El juez José Daniel Cesano y el jurado incluyeron un párrafo redactado con palabras sencillas, comprensibles, humanas. Se trata de un texto directo, sin tecnicismos, en el que los jueces se presentan con sus nombres, explican qué pasó, qué decidieron y por qué, y se dirigen a los propios niños y niñas víctimas, y a sus familias, con la empatía que el proceso penal suele –innecesaria e injustificadamente- omitir.
Este gesto, aunque pueda parecer simbólico, es una ruptura profunda con las lógicas tradicionales del Poder Judicial. Porque en ese párrafo no solo se informa, sino que se reconoce a las víctimas como sujetos capaces de comprender, de sentir, de ser interpelados por la justicia. Se les devuelve la dignidad que les fue arrancada por la violencia, pero también por el lenguaje críptico del proceso.
En esa redacción clara y accesible se condensan siglos de deuda del derecho con sus destinatarios reales. El uso del lenguaje sencillo no es una concesión; es un acto de justicia comunicativa, una reparación simbólica, una forma de decirles -con palabras que pueden entender- que lo que vivieron importa, que fueron escuchados, que no quedaron sepultados “por los papeles de un expediente”.
La inclusión de ese párrafo -avalado por reglas internacionales de justicia abierta y por acuerdos de la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Justicia provincial- sienta un precedente que debería extenderse a todos los casos con víctimas y victimarios. Porque cuando el derecho se expresa de modo incomprensible, excluye; pero cuando habla con claridad, incluye y repara.
Este enfoque conecta directamente con los estándares internacionales de derechos humanos de los niños y niñas. La Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigen no solo la tutela formal de los derechos de la niñez, sino su protección reforzada en contextos de vulnerabilidad institucional. Cuando esa protección falla, el Estado no es un tercero neutral; es responsable. Y la violencia que no evita, la termina legitimando.
Pero la gran pregunta que deja esta sentencia es si el impacto judicial alcanzará para modificar algo más que los nombres en los expedientes. Porque en la Argentina, la infancia suele ser recordada solo cuando muere o cuando hace algo malo. Se proclama su interés superior cada vez que una tragedia sacude las noticias, pero en la gestión cotidiana -en los presupuestos, en la formación del personal, en la supervisión institucional- la niñez sigue sin estar en el centro. Se la menciona, se la invoca, pero no se la prioriza.
La causa del Neonatal de Córdoba debe o debería leerse como lo que es: un espejo institucional doloroso, que nos obliga a revisar la relación entre el Estado y sus niños y niñas más pequeños y pequeñas, más pobres, más silenciados y silenciadas. Es, también, una advertencia; ninguna norma, por avanzada que sea, sirve si no hay voluntad política para convertirla en política pública. Ninguna sentencia, por justa que sea, repara lo irreparable si no se transforma en transformación estructural.
Los bebés muertos en el Neonatal no fueron víctimas de una enfermera solamente. Fueron víctimas de una cadena de negligencias, omisiones y desprotección estatal. Y eso es violencia institucional. La peor de todas, porque se disfraza de procedimiento, de protocolo, de burocracia. Porque no deja cicatrices visibles, pero deja vidas truncas.
Hoy, desde esta sentencia que marca un antes y un después, la justicia ha hablado con claridad. Ahora le toca al Estado escuchar. Escuchar no solo el clamor de estas familias que perdieron lo irreparable, sino el silencio que dejaron los bebés que no llegaron a vivir. Escuchar con hechos, no con discursos. Con presupuestos reales, con protocolos que funcionen, con hospitales donde nacer no sea una ruleta trágica.
Los niños y niñas no pueden seguir siendo víctimas silenciosas de una institucionalidad indiferente. Porque cada derecho vulnerado en la infancia es una deuda que nos persigue como sociedad. Es hora de que el Estado argentino deje de llegar tarde, y empiece a llegar a tiempo. Que abrace a sus niños no cuando mueren, sino cuando nacen o que no los abandone y que solo le importe castigarlos. Que los proteja con la fuerza de la ley y les garantice sus derechos más elementales. Porque si no somos capaces de cuidar a quienes acaban de llegar al mundo o a quienes ya vinieron y se están formando como ciudadanos ¿qué clase de país estamos construyendo?
(*) Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca. Profesor adjunto de Derecho Penal II de la Universidad Nacional de Catamarca. Miembro de la Mesa Nacional de Asociación Pensamiento Penal. Miembro del Foro Penal Adolescente de la Junta Federal de Cortes (Jufejus). Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef.
