jueves 11 de julio de 2024
Editorial

La lucha contra la trata como política de Estado

La principal hipótesis que maneja ahora la Justicia respecto de la desaparición del niño Loan Danilo Peña es la trata de personas. Si bien Argentina se encuentra entre los países de América Latina donde la presencia de niños, niñas y adolescentes como víctimas de trata es bastante menor que el promedio, los casos existen y es preciso que se redoblen los esfuerzos orientados a combatir esta práctica criminal de derivaciones complejas y aberrantes.

Aproximadamente un 28% de las víctimas identificadas de la trata en todo el mundo son niños, según un estudio de UNICEF y el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata (en inglés, ICAT) en vísperas del Día Mundial contra la Trata de Personas. Según el trabajo presentado, 400 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación y abuso sexual en el mundo.

La Línea telefónica 145 funciona en nuestro país las 24 horas, los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas. Es administrada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas que depende del Ministerio Público Fiscal. Esa línea recibió, entre 2015 y 2023, 4.826 llamadas en las que se denunció la presencia de niños, niñas y adolescentes como víctimas de trata.

Estas cifras no logran poner en su real dimensión el flagelo. La gran mayoría de los casos no son denunciados, ya sea por miedo de su entorno o de la propia víctima, o porque aparecen como desaparición de personas.

Los menores que son víctimas de trata suelen ser vendidos. Detrás de este tráfico monstruoso se esconden delitos como la explotación sexual, la explotación laboral, el sometimiento para convertirlos en mulas de las bandas narcos y hasta el tráfico de órganos.

Argentina puede exhibir algunos logros en la lucha contra la trata de personas, desde la aprobación de normas específicas (rige la ley nacional 26364 desde el año 2013) hasta la condena de cientos de integrantes de bandas delictivas desde el año 2009. Pero también los informes confeccionados por expertos advierten sobre algunos déficits existentes, entre los que mencionan “la corrupción y la complicidad oficial que obstaculizan los esfuerzos de aplicación de la ley”, como menciona el informe Trafficking in Persons Report, que elabora la Secretaría de Estado de los EE.UU.

La organización La Alameda, que tiene una trayectoria importante en la lucha contra la trata de personas, publicó el mes pasado un documento en el que sostiene que se constató “vaciamiento, parálisis y retrocesos graves” en las áreas que comprenden la prevención de la trata de personas, la persecución de ese tipo de delitos y la asistencia a las víctimas desde la asunción del actual gobierno nacional.

Resulta imprescindible que la prevención y lucha contra la trata de personas así como la asistencia a las víctimas formen parte de una política de Estado, es decir, que tengan vigencia, consistencia y financiamiento asegurado no importa el signo político del gobierno de turno.n

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