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SUSCRIBITELa perspectiva metropolitana emparenta a los contendientes presidenciales en un punto de fuga común detrás de sus divergencias. La tendencia a disponer de recursos que pertenecen a las provincias atraviesa la oferta electoral desde la decisión de reducir o devolver al contribuyente impuestos que forman parte de la masa coparticipable, como Ganancias y el IVA, a la lisa y llana derogación del régimen de coparticipación federal que propone Javier Milei.
Esta semana, Sergio Massa anunció la suba del mínimo imponible de Ganancias a 1,7 millones de pesos y anunció la devolución del IVA en productos de la canasta básica adquiridos con tarjeta de débito.
Es en esencia lo mismo que hizo Mauricio Macri en 2019 cuando, como Massa, perdió las PASO en agosto y su reelección comenzó a escorarse. Sin embargo, Massa consiguió ganar el centro de la escena ahora por un detalle: la silenciosa anuencia de los gobernadores frente a lo que implica un sablazo a sus recursos para financiar proselitismo ajeno.
Esta conducta de los mandatarios es muy contrastante con la reacción defensiva refleja, inmediata, que tuvieron cuando Macri pretendió manotearles la caja por decreto.
Catamarca, Santiago del Estero y La Pampa presentaron los primeros tres de quince planteos provinciales de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por el agravio al sistema federal de la medida.
Las presentaciones incluían el pedido de una medida cautelar que la Corte aplicó en octubre, antes de la primera vuelta y Macri tuvo que recular. El tribunal ordenó que la Casa Rosada no tocara un peso de lo que les correspondía a las provincias y asumiera íntegro el costo fiscal de sus decisiones. Subrayó además que las leyes-convenio (en referencia a la ley de coparticipación) tienen “singular jerarquía” dentro del derecho federal, de manera que sus previsiones no pueden modificarse unilateralmente.
Pese a este precedente inmediato, ningún gobernador, salvo el cordobés Juan Schiaretti, que también es candidato a presidente, esbozó queja alguna por la iniciativa.
Es significativo que Massa lo anunciara rodeado por la cúpula de la CGT y el CTA y no en el relanzamiento de su campaña que había protagonizado días antes en Tucumán, del que los gobernadores participaron como figuras estelares en una especie de reconciliación después del cortocircuito que el candidato había producido al querer imponerles el pago de un bono de 60.000 pesos en dos cuotas.
Matices
Tanto el relanzamiento de Tucumán como el anuncio de la baja en Ganancias y devolución del IVA fueron interpretados como el enfilamiento de las estructuras tradicionales del justicialismo con el candidato de Unión por la Patria. También podría leerse, tras el breve desacato del bono, como el disciplinamiento del candidato a la lógica de las estructuras del PJ para tratar de sostener consistencia electoral.
No obstante, Massa recurre a los recursos coparticipables para fondear su demagogia hacia los sectores de ingresos medios altos rodeado por el sindicalismo y los gobernadores callan. ¿Quién domestica a quién?
La poda de Macri fue frustrada vía judicial, la de Massa se tolera. Comprender la incoherencia demanda considerar un elemento: la derrota de Macri en las PASO de 2019 preanunciaba una caída casi segura, mientras que la de Massa dejó, por lo escueto de las diferencias, algún margen de expectativa de triunfo.
Lógica feudal
Las distintas actitudes asumidas por los gobernadores en ambos casos consignan solo en la superficie que la defensa de los intereses provinciales se ejerce de acuerdo a la identidad política de quien los afecte. Más en profundidad, verifican cómo se han venido distorsionando los criterios del federalismo en beneficio del área metropolitana, por imperio de la prepotencia demográfica.
Esa región, de la que han salido todos los presidentes desde 1999, retiene la prerrogativa de asignar recursos en forma arbitraria, por fuera de los parámetros objetivos que marcan normas como la ley de coparticipación. Tal prerrogativa es la herramienta estructural que tiene para disciplinar a la política del interior.
¿Y si Massa finalmente gana y el poder nacional ahora difuminado se restaura? ¿Cómo sostener niveles de inversión en las provincias sin la magnanimidad de la Casa Rosada?
Los gobernadores y es particularmente notorio en el Norte, se han empoderado en el retroceso de la autoridad de Alberto Fernández. Pero tal empoderamiento no fue suficiente para articular un proyecto de alcance nacional. Ni siquiera han podido los mandatarios colocar un dirigente propio en la fórmula: el santafesino Agustín Rossi fue designado por el exangüe Fernández, que es porteño.
La única política para integrar al interior es la de destinarle recursos arbitrariamente, que obviamente deben ser agradecidos como toda dádiva que dispensa el señor feudal. Vale decir: la única política del área metropolitana para el interior es garantizar que los gobiernos dependan de la voluntad Presidencial para gestionar por encima de lo que les permite la coparticipación y otros fondos de asignación específica.
Para lo único que se convoca al interior es para impostar imágenes de federalismo. No se habla de regímenes de promoción, ni sistemas laborales y tributarios diferenciales acordes a las características de las economías regionales, por ejemplo. Todo queda a expensas de la voluntad del Presidente de turno.
Hiperconcentración
Además de definirse si Massa pasa a segunda vuelta, el 22 de octubre se sabrá quién gobernará la Provincia de Buenos Aires y, muy importante, con qué esquema de intendencias. La configuración bonaerense es el condicionante principal de la autonomía del interior. Alineados los gobernadores en Tucumán, Massa se recostó en la corporación sindical para meterles la mano en el bolsillo y dedicarse a tratar de seducir los votos del área metropolitana y la pampa húmeda. El péndulo continuará por lo menos hasta octubre.
Esta propensión a hiperconcentrar el debate político en la metrópoli y el cordón que la circunda es mucho más brutal en el caso de Javier Milei, que directamente pretende eliminar el sistema de coparticipación porque lo considera un dispositivo de sometimiento discriminatorio que el Estado nacional aplica sobre las provincias.
Para discutir el asunto, esta semana los libertarios hicieron en un anexo de la Cámara de Diputados de Buenos Aires un encuentro para analizar el informe “Desigualdad fiscal entre provincias y mecanismos de salida del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”, elaborado por la Asociación Argentina de Contribuyentes.
Todos los participantes fueron dirigentes y candidatos de Provincia y Ciudad de Buenos Aires. A ningún representante de otra región del país se le permitió intervenir en el inicio de un debate relacionado directamente con los ingresos de las provincias.
Tal vez aprovechando esta ausencia, se hizo especial hincapié en que la Provincia de Buenos Aires tiene el 38,2% de la población del país pero recibe solo el 22,6% de la coparticipación. Por supuesto, no se mencionó que ese aparente desfasaje se compensa con el multimillonario caudal de recursos que la Casa Rosada le asigna por fuera del régimen que se pretende eliminar a costillas del resto de los distritos, entre los que los subsidios a los servicios ocupan un lugar destacado.
Ni una voz del interior matizó el monólogo metropolitano de La Libertad Avanza. Todo un indicio sobre los destinatarios de la motosierra.
