La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó firme la condena de 12 años de prisión impuesta al sacerdote Juan de Dios Gutiérrez, quien en abril del 2021 había sido encontrado culpable por el abuso sexual de una adolescente en Belén. El fallo del máximo tribunal del país puso punto final a casi diez años de historia desde que la madre de la víctima radicara la denuncia penal contra el religioso.
La novedad se conoció ayer. La CSJN denegó el recurso extraordinario que presentó la defensa de Gutiérrez quien está detenido en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores desde mayo del 2022. Gutiérrez agotó todas las instancias judiciales, desde antes y después del juicio. El cura belicho había sido denunciado en octubre del 2015 por la madre de una adolescente luego de que descubriera los abusos sexuales perpetrados por este, que era el responsable de una agrupación juvenil religiosa que tenía lazos con la parroquia de Belén.
Gutiérrez fue detenido y la opinión de la sociedad belicha se partió. De un lado estaban quienes apoyaban a la joven y su madre y por otro, hubo marchas exigiendo la liberación del cura quien, tras estar 35 días en un calabozo, fue excarcelado. Su salida de la comisaría fue como la de una estrella de rock: aplausos, muestras de emoción y hasta carteles con leyendas expresándole amor. El hostigamiento por parte de la comunidad obligó a que la sobreviviente y su familia abandonaran Belén y migraran a San Fernando del Valle de Catamarca.
La causa avanzó y las pruebas contra el cura eran contundentes: la pericia psiquiátrica lo definió como “narcisista y psicópata”. “Un manipulador que confundió a la chica en esta historia en que él es el papá y ella la hija”, concluyó el informe pericial.
El cura llegó en libertad al juicio y siguió en esa condición tras haber sido encontrado culpable. Un año después la Corte de Justicia se expidió y ordenó la detención de Gutiérrez.
El camino que deben afrontar las y los sobrevivientes de abusos sexuales eclesiásticos es largo y penoso. Los antecedentes demuestran que entre la denuncia y la fecha del juicio puede pasar hasta una década. Ocurrió con Gutiérrez y también con Renato Rasgido, quien en abril del 2024 fue condenado a 15 años de prisión y ahora presentó el recurso extraordinario federal para que su condena sea revisada por la Corte Suprema. Sucedió con Moisés Pachado, quien murió antes de ser enjuiciado.
La única causa que queda en el tintero es la de Eduardo López Márquez, quien próximamente estará sentado en el banquillo de los acusados por la primera de las denuncias. La otra causa está pendiente de resolución.
Los abusos sexuales eclesiásticos reflejan no solo la impunidad con la que estos delitos pueden sostenerse en el tiempo, sino también la revictimización que padecen quienes denuncian, obligados muchas veces a exiliarse de sus propias comunidades ante la presión social. Sin embargo, el fallo firme representa un mensaje claro: la justicia, aunque tardía, puede llegar. La lucha de las sobrevivientes y sus familias continúa, al igual que otros procesos judiciales abiertos contra miembros de la Iglesia acusados de delitos similares.
