La posición que ha asumido el gobierno nacional respecto de los alimentos que tiene acopiados y se resiste a entregar es tan inexplicable como inadmisible. Desde mayo, mes en el que se conoció públicamente que había más de cinco millones de kilos de comida en galpones, que la ministra Sandra Pettovello viene apelando resoluciones judiciales que la obligan a repartir los alimentos. La última apelación es un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal del país se expida sobre el tema.
Cada apelación ocasiona, además de mayor demora en la distribución de los alimentos, un costo económico no menor. Por ejemplo, el recurso de queja ante la Corte implica para el gobierno pagar un depósito judicial que tiene un valor de 900.000 pesos, dinero que sale del tesoro nacional, es decir, de los bolsillos de todos los argentinos, incluidos aquellos que esperan ansiosos esa mercadería.
En un país en el que la indigencia se ha duplicado en menos de seis meses, con un 70% de los niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza, y en el que todas las noches un millón de chicos se van a dormir sin cenar por la falta de comida, según un informe difundido por Unicef, ya resulta escandaloso que se haya ocultado la existencia de alimentos que se compraron durante el gobierno anterior.
Cuando la situación se reveló a través de una investigación periodística, no hubo predisposición oficial a entregar la mercadería, lo cual añadió un componente aún más incomprensible. Pero no solamente la comida no se repartió sino que el gobierno nacional está agotando todas las instancias judiciales para evitar hacerlo. Mientras tanto, se acerca la fecha de vencimiento, y ya hay informes que acreditarían la existencia de mercadería contaminada con materia fecal de gatos.
El empecinamiento que se advierte en el Ministerio de Capital humano alumbra la paradoja de comedores desabastecidos mientras hay alimentos guardados en galpones. Las críticas en el primer tramo de la gestión era que no se compraban los insumos necesarios para entregar a los comedores. No se sabía entonces respecto de la existencia de los galpones abarrotados. Si aquella situación era difícil de entender, lo que ocurre en la actualidad escapa a la posibilidad de cualquier análisis lógico.
El único argumento esgrimido desde los despachos oficiales es que hay cuestionamientos al manejo de algunos comedores. La solución sería, como lo indica el sentido común, corregir esos presuntos fallos pero repartir la mercadería. No es lo que está ocurriendo.
La grave emergencia social como consecuencia de un incremento exponencial en los últimos meses de la pobreza, la indigencia y el desempleo, exige de las autoridades conductas empáticas con las personas de mayor vulnerabilidad, no comportamientos dilatorios incompatibles con las responsabilidades gubernamentales.
