La revelación de que solo el 26% de los alumnos terminaron la primaria en Catamarca en 2021 con los conocimientos suficientes en Lengua y Matemática impacta, pero de ningún modo puede sorprender. La cifra se concatena en una decadencia, mucho más pronunciada en el sector público, que lleva lustros.
Es un fenómeno nacional, pero la situación de Catamarca aparece como mucho más crítica, invariablemente ubicada en los escalones más bajos en cualquier análisis sobre calidad educativa. El proceso de deterioro atraviesa todas las gestiones gubernamentales y marca un gravoso fracaso colectivo, en el que también son responsables centrales los sindicatos docentes.
El Ministerio de Educación ha sido desde siempre fuente de escandaletes de toda índole y botín para negociados y acomodos. No sería justo cargar excesivamente las tintas sobre la actual ministra, Andrea Centurión. La cartera es una estructura burocrática tramada por componendas y bolsones de privilegio cuya erradicación, lejos de procurarse, se estimuló.
Los gremios sacan su tajada a cambio de no interrumpir el ciclo lectivo con paros, el Gobierno se allana a esta dinámica de chantajes sistemáticos con la pretensión de no pagar costos políticos.
Tampoco esto es una novedad.
A principios de 2019, el director del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, Alieto Guadagni, señaló que el desplome del sistema educativo tenía entre sus motivos principales las decisiones políticas que habían convertido a la educación pública primaria y secundaria en engranaje del clientelismo. Basado en estudios realizado en 2018, consignó que Argentina es uno de los países que más presupuesto destinaba a la educación, pero al mismo tiempo que exhibía los sueldos docentes más bajos.
La razón de esto era que, en lugar de jerarquizar la carrera docente, se había incrementado el número de cargos, de modo que, mientras en el resto de los países de América Latina había entre 18 y 20 alumnos por docente, en la Argentina había 12.
Catamarca era un caso extremo: 6 chicos por docente.
El CEA había señalado en 2018 una reducción del 12% en la matrícula de alumnos primarios estatales entre 2003 y 2015. En el mismo período, los cargos docentes habían aumentaron un 19%. Menos alumnos, más docentes: la incorporación de docentes al sistema pública era correlativa a la expulsión de niños y jóvenes.
Podría suponerse que el hecho de que el docente tenga menos alumnos a cargo redunda en beneficio de la educación impartida, pero no se trataba de docentes frente al aula. Guadagni advirtió que se trataba de “cargos”, cuya multiplicación se facilitaba por lo deprimido de los sueldos. Hay provincias, dijo Guadagni, en las que más de un tercio de los cargos está fuera del aula.
O sea: la fenicia conducta sindical, asociada a la pigmea visión de la clase política, arroja como resultado la restricción de salarios para hacer calzar en el Presupuesto la mayor cantidad de clientes posibles.
El caso catamarqueño superaba todas las marcas: la matrícula pública había caído un 22,27% en el período, con un ascenso de los planteles docentes del 42%. Es es: 10 puntos más de alumnos prófugos y 23 más de cargos docentes.
En el régimen privado, en contrapartida, la matrícula había subido 27% y la cantidad de cargos docentes solo 23%.
Entre las mezquinas especulaciones de sindicatos y autoridades, brilla por su ausencia el debate en pos de recuperar la función principal que debería tener una Ministerio de Educación: garantizar que niños y adolescentes incorporen las competencias para defenderse en la vida, insertarse en el mundo del trabajo y realizarse como personas.