La siempre tensa relación entre los grandes productores, sobre todo de la Pampa Húmeda, y el Gobierno nacional parece haberse distendido un poco a partir de la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de implementar durante el mes de septiembre el denominado “dólar soja”, un régimen cambiario especial que tuvo una duración acotada y que consistió en el pago del Gobierno de $200 por cada dólar al momento de liquidar divisas por exportación de soja en el marco del Programa de Incremento Exportado.
Los productores sojeros, que han obtenido en los últimos años rentabilidades extraordinarias, lograron aún mayores ganancias a partir de esta medida, pero también se benefició el Gobierno, que pudo durante el mes de vigencia obtener las divisas necesarias para fortalecer reservas y de paso estabilizar la economía, que venía con graves desequilibrios desde el mes de julio.
El ministro Massa anunció el martes que, con recursos obtenidos de la mayor recaudación de septiembre por el “dólar soja”, se implementarán estrategias de apoyo a pequeños productores de las economías regionales –esto es, las que no se encuentran en la zona núcleo de la Pampa Húmeda-. La ayuda no será crediticia sino de transferencias directas de dinero para financiar compras directas de semillas y fertilizantes. Los beneficiarios serán 19.000 pequeños productores (de 100 hectáreas para el maíz y 400 para la soja).
En provincias como Catamarca, el concepto de pequeños productores es muy distinto. Los pequeños productores locales, salvo excepciones, tienen unas pocas hectáreas. Y predomina la agricultura familiar, en predios chicos propios o arrendados.
Los productores de la agricultura familiar, campesina e indígena son lo que tienen mayor grado de vulnerabilidad y menos visibilidad en los reclamos Los productores de la agricultura familiar, campesina e indígena son lo que tienen mayor grado de vulnerabilidad y menos visibilidad en los reclamos
El sector de la agricultura familiar, campesina e indígena tiene muchas dificultades económicas y necesita de un apoyo permanente de parte del Estado, no para mejorar la rentabilidad, sino incluso en muchos casos para poder subsistir. Desde 2014 rige en la Argentina la ley 27118 de promoción de este tipo de agricultura, que contempla programas para ayudar en el cumplimiento de las normas sobre sanidad de los animales y de los alimentos, beneficios impositivos y previsionales, facilidades para la exportación, créditos a tasas accesibles y seguros para cubrir pérdidas. También tiene un área gubernamental específica con rango de Secretaría, pero los programas fueron desfinanciados durante el gobierno de Cambiemos y en el actual, si bien hubo una recuperación en los recursos, está lejos de generar las políticas necesarias de apoyo.
Son, por lejos, los productores con mayor grado de vulnerabilidad y los que tienen menos visibilidad en los reclamos, pese a que representa al 66% de las familias que viven en el campo y a 250.000 establecimientos productivos que involucran a 2.000.000 de personas. Cuando el gobierno piensa en estrategias en el apoyo “al campo”, debe enfocarse en los sectores productores más débiles, que son, además, los que más puestos de trabajo generan.
