Con la desestimación de los argumentos esgrimidos por la defensa del fiscal Laureano Palacios, el Jury acelera con fecha tentativa para fines de este mes.
Con la desestimación de los argumentos esgrimidos por la defensa del fiscal Laureano Palacios, el Jury acelera con fecha tentativa para fines de este mes.
Si bien el tribunal tiene miembros del Poder Legislativo, es la corporación judicial la más interesada en destituir al fiscal y enviar un mensaje que se inscribe en las tensiones por las reformas que el Gobierno pretende introducir en la Justicia.
El elemento principal a tener en cuenta es que Palacios es considerado un advenedizo. No pertenece a la familia judicial e ingresó a la Justicia por la cima debido a sus conexiones políticas, sin rendir examen ni hacer carrera previa. Todos los anteriores fiscales destituidos o que prefirieron renunciar antes de someterse al escarnio del Jury eran, en cambio, parte de la corporación. Palacios es, además, el primero en ser juzgado bajo el imperio de la Comisión Evaluadora que suplantó al viejo Consejo de la Magistratura.
El Poder Judicial, blanco de críticas mucho más enfáticas desde el accidentado inicio de la investigación por el crimen del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, espera beneficiarse con dos interpretaciones, que sus operadores deslizan en confianza.
La primera, que procedieron sin contemplaciones para excluir de la magistratura a un funcionario impuesto por el dedo político, que demostró de este modo su incompetencia para intervenir en la configuración de la Justicia.
La otra, que la sucesión de jurys es menos indicio de la degradación del Poder Judicial que de su capacidad para autodepurarse.
Tal vez se le esté exigiendo a la sociedad una sutileza excesiva. Es improbable que tales lecturas alcancen para recuperar el tono del menguado prestigio de la Justicia.
No obstante, cuando el procedimiento para desplazar a Palacios se inicie será claro: en el banquillo de los acusados estará un hombre de la política, no de la Justicia.
José Camps, el defensor de Palacios, consideró en el descargo que para evaluar el desempeño de su cliente es necesario aguardar que terminen de reunirse las pruebas en la causa penal por el asesinato de Rojas, que instruye el fiscal Hugo Costilla.
También objetó que el fiscal del Jury, Miguel Mauvecín, hiciera una valoración a su criterio “sesgada” de los elementos reunidos hasta ahora, con los testimonios de cuatro peritos y el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo como eje.
En su acusación, Mauvecín señaló que Palacios tenía indicios claros de que la muerte de Rojas había sido violenta ya cuando concluyó la primera autopsia.
Que tales indicios le fueran proporcionados por los propios peritos del Cuerpo Interdisciplinario Forense concatena con el objetivo de sacar a la familia judicial del foco de las recriminaciones: el accionar de los integrantes del dispositivo judicial fue correcto; las fallas fueron de un fiscal designado por el poder político a pesar de no contar con ninguna experiencia ni antecedente judicial.
“Surge de los testimonios –argumentó Mauvecín- que luego de la autopsia ‘todo el mundo’ sabía que al señor Rojas lo habían matado. Palacios también lo sabía y a pesar de contar con un deficiente informe entregó el cuerpo. Si dicha entrega fue por un error involuntario, excusable, debería haberlo subsanado inmediatamente tomando todas las medidas para enderezar el acto fallido”.
Palacios recién recuperó el cuerpo al día siguiente, cuando estaba a punto de ser trasladado desde la sede de gastronómicos para su sepultura. A criterio de Mauvecín, esta demora puso en riesgo la investigación.
El Jury a Palacios, de tal manera, se inscribirá en el litigio que vienen librando la Justicia y el Gobierno.
Como si la Justicia le dijera al poder político: “Palacios no es nuestro, es de ustedes”.n