viernes 12 de agosto de 2022

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El mirador político

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3 de julio de 2022 - 00:10

La denuncia por el hurto de dos cajas de herramientas radicada contra el fiscal Ezequiel Walther disparó la quinta crisis institucional grave en el Poder Judicial catamarqueño desde que el jury de enjuiciamiento que destituyó a Roberto Mazzucco expuso la ferocidad de sus rencillas intestinas, pero se diferencia de las anteriores en que las objeciones no son a la malversación de sus funciones como magistrado, sino a una supuesta debilidad de carácter personal de la que no hay indicios que haya ejercido en el cargo.

La inclinación a apropiarse de lo ajeno no es defecto menor en un miembro de la Justicia, se dirá, pero es necesario subrayar su carácter de supuesta. El fiscal sostiene la versión de que, en realidad, al trasladar las herramientas de la camioneta de sus dueños a la suya, obró de manera preventiva, para “preservarlas” y evitar un eventual robo.

Que los damnificados no le hayan creído es otro asunto. Por las dudas, él introdujo de inmediato su relato en la causa iniciada contra autores desconocidos y apresuró así los tiempos procesales, al mismo tiempo que partió la cancha en el expediente con una historia alternativa a la de los denunciantes que necesariamente debe ser considerada y contrastada con pruebas.

Le queda remontar el campo de la opinión pública, más empinado porque tiene otras reglas de juego. Ahí la discusión no se desenvuelve en función de pruebas o indicios, carece de las restricciones reglamentarias de los tribunales.

Se trata de un problema de pura credibilidad, complejo de resolver para Walther no solo porque la verosimilitud de su pretexto es desafiada de entrada por interrogantes razonables, como ser qué hubiera pasado si no lo registraban las cámaras de seguridad o los denunciantes no advertían que las herramientas que les faltaban estaban en la camioneta del fiscal. Es más severo: sobre él y el episodio se cierne el desprestigio que el Poder Judicial ha ganado a fuerza de defecciones éticas y escándalos.

Es el ingrediente central en el análisis que el tribunal de jury abordará el miércoles, una vez que se integren los dos miembros de un Colegio de Abogados, que también viene con la fama en falsa escuadra por el auspicio del reo de estafa Edgar Bacchiani a su equipo de fútbol.

Juicio político

Para desgracia del fiscal, los precedentes de su escarnio mostraron un Poder Judicial con focos de podredumbre más numerosos e intensos de lo conveniente. Su historia sería más fácil de digerir si integrara una magistratura que fuera dechado de virtudes, pero no es el caso.

El suyo es el proceso más político de todos los que se hicieron de Mazzucco en adelante. No porque pertenezca a un clan familiar vinculado al radicalismo y al Frente Cívico Social visceralmente antisaadista de los ‘90, o porque sea hijo de la polémica exsecretaria de Turismo de Eduardo Brizuela del Moral, Catalina Krapp, sino porque lo que se dirime está disociado de la función judicial y hace a la imagen institucional.

Lo quiera o no, Walther encarna en este momento al Poder Judicial todo, a una corporación devaluada que no se ha pronunciado sobre el episodio a través, por ejemplo, de la Asociación de Magistrados o el Colegio de Abogados, que ni siquiera tenía a sus representantes para el jury listos.

Las intenciones que haya tenido al apoderarse de las herramientas son accesorias. Ceden ante la imagen que la Justicia proyecta y pretende proyectar hacia la sociedad. No está en el ojo del huracán por prevaricato o soborno, sino porque la sospecha de haber incurrido en un hurto atenta contra su prestigio y el del poder que integra.

Ni más ni menos que si lo hubieran pillado en un burdel: capaz que estaba de inspección de incógnito, pero sería una presencia incompatible con su investidura.

Bajas deshonrosas

Walther no parece dispuesto a renunciar, conducta que le permitiría a la Corte y el jury ahorrarse decisiones incómodas. Está en su derecho, aun cuando sea el único que sostenga la teoría del resguardo.

Quienes deben decidir si lo someten a juicio político concurren condicionados por cuatro procedimientos anteriores que determinaron la baja con deshonra de cinco magistrados en un solo lustro, por coimas, manipulación de expedientes o abuso de poder.

- Roberto Mazzucco fue destituido como fiscal en junio de 2017 por recibir coimas.

- Marcelo González renunció como fiscal de Santa María en mayo de 2018, antes de que lo condenaran en el jury que se le había iniciado por irregularidades cometidas en una causa por un accidente de tránsito del que era responsable.

- Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales renunciaron a la Cámara de Apelaciones en agosto de 2020, horas después de que se dispusiera un jury contra ambos, debido a una denuncia anónima que había llegado a la Corte de Justicia acompañada de un video en el que aparecían recibiendo, supuestamente, un soborno a cambio de mejorar la situación procesal de un encartado.

- Jorge Alberto Flores, fiscal de Belén, fue exonerado en mayo de 2021 tras otro juicio político por facilitar el tránsito de camiones de la empresa de su esposa, proveedora de empresas mineras, mientras regían las restricciones por la pandemia.

Los dos procesos más erosivos para el Poder Judicial fueron los de Mazzucco y Da Prá-Morales. Walther fue uno de los testigos más duros contra Mazzucco, a quien acusó de abrir una causa por estafa paralela a la que él estaba investigando con el propósito de apoderarse del expediente. Ahora está del otro lado de la barandilla.

Cinco oprobios en cinco años es un número importante.

Resguardos al margen, la posición de Walther es más comprometida por eso.

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