Es común escuchar en charlas coloquiales sobre la necesidad de que algún hijo o algún pariente “quede en planta”, haciendo referencia a la importancia de que esa persona sea designada como empleado público, para así poder gozar del beneficio constitucional de la estabilidad del empleo público. Se entiende que quienes adquieren esta condición tienen “garantizado” un sueldo de por vida, debido a que jamás podrán ser despedidos sin causa por el Estado.
Aquellos quienes sean privilegiados con una designación de carácter permanente en algún organismo del Estado, automáticamente accederán a otros beneficios tales como obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, vacaciones pagas, cobro de asignaciones familiares, seguros de accidentes laborales, créditos hipotecarios, préstamos de cajas provinciales, lograr ascensos mediante la carrera administrativa, entre otros más.
De esta manera, se vuelve real y tangible el postulado del cual tanto nos orgullecemos en Argentina, que tenemos movilidad social ascendente. Un joven de clase baja, a través de un empleo estable, podrá garantizarle a su familia un salario, brindarles acceso al sistema de salud en los mejores centros de atención privados de Catamarca, Córdoba y/o Buenos Aires, procurarles educación primaria, secundaria y universitaria, y además tendrá la seguridad que ante cualquier infortunio sobreviniente que sufra tal como una discapacidad o incluso su propio fallecimiento, su familia tendrá asegurada una pensión o una indemnización, y de ser necesario, el nombramiento de un familiar para cubrir el cargo que deja vacante.
Todo lo mencionado hasta aquí obedece a conquistas políticas, laborales, sindicales, y por supuesto sociales, que se fueron logrando a través de muchos años, y que actualmente se encuentran consolidadas. Es importante que nuestra sociedad tenga cierta estabilidad, y que no se encuentre tan expuesta a los vaivenes de la economía. En eso estamos de acuerdo.
La contracara de la estabilidad de los empleados públicos se encuentra en los empleados del sector privado y en los empleados no registrados.
En el sector privado registrado, la carga horaria de los empleos es más extensa, los descansos son menores, la estabilidad es utópica y el acceso a la salud depende de los servicios que pueda brindar la obra social sindical a la cual tengan acceso los empleados.
Para los empleos no registrados, los beneficios laborales son nulos, ya que no existen aportes jubilatorios, aguinaldo, obra social, ni mucho menos seguros de riesgos laborales. Todo esto retrotrae sus condiciones laborales a un estado similar al que existía en la época de la revolución industrial, y quizás, un poco antes también.
Como verán, en nuestra provincia existen tres tipos de empleos, y no es muy usual que nos cuestionemos el rol que tiene la política para incidir de una manera injusta, inequitativa, pero sobre todo determinante, sobre la vida de los catamarqueños.
¿Pero por qué decimos esto?
Porque nuestra Constitución provincial establece que todos los empleados públicos serán cubiertos por concursos de antecedentes y oposiciones, de tal modo que se asegure la idoneidad de los agentes. La realidad nos indica que nadie ingresa a la administración pública de esta manera, salvo algunas contadas excepciones en el campo docente.
En la práctica, tales concursos de antecedentes y oposiciones son reemplazados por la afinidad que tengan los ingresantes con los dirigentes políticos o los funcionarios de turno, o por los favores que estos les deban.
Es desalentador para las familias catamarqueñas saber que, en una provincia donde la gran mayoría de los empleos pertenece al sector público, la posibilidad de que sus hijos accedan a un empleo público, dependerá exclusivamente de tener un contacto que los haga entrar, que puede ser un dirigente político, un funcionario de alto rango, un familiar o un amigo, mas nunca será debido a su formación, su experiencia o sus ganas de trabajar.
Podemos ver cómo históricamente el bipartidismo se ha repartido el gobierno de nuestra provincia y las prácticas han sido siempre las mismas. Clientelismo y devolución de favores, a cambio de designaciones en la planta del Estado.
Tenemos el caso de un exgobernador que perdió una reelección, pero antes de entregar el mando designó a miles de agentes públicos sin considerar la ley de presupuesto, ni lo dispuesto en nuestra Constitución acerca de que los ingresantes debían aprobar en forma previa un concurso de antecedentes. Por otro lado, en una administración más reciente, el director de un organismo autárquico realizó una convocatoria para cubrir cargos. Esto fue recibido con gran beneplácito por la sociedad catamarqueña. Tan es así que se recibieron cientos de inscripciones. No obstante, las prácticas y mezquindades de la política advirtieron que el mecanismo no era lo que satisfacía a “la militancia”. Spoiler de lo que sucedió: se cancelaron los concursos y se despidió al ocurrente director.
Hemos visto la diferencia en la calidad de vida que puede tener un catamarqueño que accede a un empleo público, con la de un catamarqueño que solo tiene acceso a un empleo no registrado. Independientemente de las diferencias que ya sabemos que existen, lo importante es procurar que de aquí en más todos tengan la misma posibilidad de acceder a esos empleos. Que esa posibilidad no esté condicionada a una pertenencia partidaria al partido político gobernante, o a una afinidad con los funcionarios judiciales, legislativos o municipales que tengan la facultad de nombrar personal con carácter de permanencia.
La finalidad de esta carta es simplemente buscar una sociedad más justa, propiciando estos debates. Que los catamarqueños que más lo necesitan sepan cómo se supone que tienen que ser los ingresos a la planta del Estado. Que sabiendo esto, los jóvenes sientan ganas de seguir preparándose para poder ingresar a un determinado organismo público, donde puedan sentirse orgullosos de haber ingresado por sus propios méritos, y no por ser afiliado, pariente o amigo. Porque así es como se logran las sociedades más justas. No hacen falta nuevas leyes, solo hace falta compromiso político de nuestros dirigentes y la voz de las organizaciones para hacer oír nuestros reclamos y hacer que se respete el ingreso democrático a la planta del Estado.
Descartes
