A tiro de juicio político, el fiscal de Instrucción Hugo Leandro Costilla complicó al Poder Judicial en una trama de estafas enmarañada solo en apariencia.
martes 15 de abril de 2025
A tiro de juicio político, el fiscal de Instrucción Hugo Leandro Costilla complicó al Poder Judicial en una trama de estafas enmarañada solo en apariencia.
En su médula, la hipótesis que propone es muy simple: un grupo de civiles comandado por Mario Rodrigo Del Campo se las arregló para perpetrar una serie de fraudes procesales a través de los cuales se apropió de una cantidad indefinida de bienes muebles e inmuebles.
La banda inventaba deudas y fraguaba derechos posesorios con los que instigaba expedientes a espaldas de las víctimas, que no eran notificadas hasta la instancia de ejecución. Para amañar las causas contaba con la complicidad de agentes judiciales venales.
La serie de sorpresivos allanamientos y detenciones que expusieron a la opinión pública la causa un sábado exacerbó la paranoia en la Justicia.
La espectacularidad de los procedimientos contrastaba con la falta de información sobre la identidad de la mayoría de los involucrados. La Fiscalía justificó este hermetismo en el secreto de sumario, indispensable para evitar que eventuales miembros de la pandilla todavía no identificados se enteraran de detalles de la pesquisa y tomaran recaudos para ponerse a salvo.
El panorama comenzó a despejarse a mediados de la semana.
La red de presuntos cómplices estatales de la banda detectada hasta ahora está compuesta por siete empleados judiciales, un miembro de la Policía Judicial, un oficial de la Policía, un empleado del Banco Nación y un empleado del Registro de la Propiedad. Habría también una persona de la Dirección de Catastro.
Esto es: Costilla individualizó a 11 colaboradores de la banda que trabajaban en la burocracia estatal, de los cuales 7 pertenecen la Justicia.
Indefensión
Esta cuenta arroja una imagen decepcionante del Poder Judicial como defensa postrera del patrimonio y la integridad física de las personas.
A unos filibusteros audaces les alcanzó con conchabar a 7 agentes judiciales de rango menor para manipular vaya a saberse cuántos legajos judiciales. En el acta de determinación de los hechos, Costilla marcó alrededor de una treintena.
La inquietud se acentúa en cuanto se advierte que el fiscal fecha la constitución de la asociación ilícita “posiblemente durante el transcurso del año 2017”.
En algún momento de esos 12 meses, relata, “Mario Rodrigo Del Campo, José Werfil Vega, Gastón Darío Agulles (denominado Soldado N° 3), Pablo Ramón Aybar, Juan Pablo Collantes (denominado “dibujante”), Rocío Grisel Gordillo, Wilfredo Emmanuel Espinosa y personas no individualizadas aún por la investigación, elaboraron una estructura delictual con lazos de cooperación para ejecutar una serie de delitos cuya comisión y efectos se prolongaron en el tiempo hasta el día 22 de marzo de 2025”.
Es decir que las incursiones del grupo se habrían extendido durante 8 años bajo las narices del Poder Judicial y la Policía.
Siete agentes judiciales infieles burlaron todos los controles del sistema e indujeron la comisión de estafas procesales por parte de sus incautos jefes.
Salvo que los jefes no fueran tan incautos, en cuyo caso es imposible eludir algunos interrogantes.
Omisiones
Costilla, dice Fiscalía, viene labrando la causa con paciencia de orfebre desde 2021, año en que advirtió que había varias denuncias por estafas que se instruían por separado y decidió unificarlas. Tras cuatro años de sigiloso seguimiento, captura a una banda con siete operadores judiciales inferiores.
¿En ellos termina la urdimbre judicial? Por lo que se desprende de su descripción de los hechos sí, tal vez no, pero en cualquier caso llama la atención que el fiscal no profundizara en la cadena de responsabilidades antes de asestar su espectacular golpe de mano.
Es una omisión determinante: los fraudes procesales con los que supuestamente lucraron Del Campo y compañía no podrían haberse perpetrado sin la participación de los jueces.
Son los jueces los que deciden las ejecuciones, no los jefes de despacho, los ujieres o los escribientes.
La sentencia es decisiva para perfeccionar el delito. ¿Por qué los jueces no están ni siquiera mencionados?
Reacción
Con el escándalo ardiendo, la Asociación de Magistrados consideró conveniente emitir un comunicado para despegar.
El sindicato de los jueces y fiscales expresó su “profunda preocupación por los hechos de público conocimiento que empañan la labor de magistrados y funcionarios judiciales que desempeñan funciones con seriedad y compromiso, apegados a la Constitución Nacional y Provincial, el derecho convencional y procesal, y demás leyes que integran el sistema legal argentino”.
También aclararon que “las conductas individuales de las personas involucradas no representan las acciones de rectitud con que se ejerce la magistratura”.
El remate es una delicia del espíritu de cuerpo.
“Desde esta institución velamos por una investigación transparente y efectiva, que determina las responsabilidades y aplique las penas que correspondan, para llevar tranquilidad a la sociedad y a todos los que trabajamos con rectitud y honor en garantizar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía”, concluyeron.
Tan celosa defensa de honorabilidad judicial no incluyó ninguna reflexión sobre el principal problema que exhibe provisoriamente el caso de las estafas.
De acuerdo con el relato que articuló Costilla, los bienes de no se sabe cuántos catamarqueños estuvieron durante por lo menos 8 años a merced del arbitrio de cualquiera menos de los jueces.
En la Justicia, al parecer, cualquier pinche instala un kiosco.
Del Campo y sus socios manipularon el fuero Comercial y de Ejecución con siete gatos locos. Una hazaña de infiltración que ya la quisiera el Mossad.