Con el nuevo paquete de bonos para la administración pública, el Gobierno lanza la campaña hacia el 22 de octubre con el objetivo de sostener las distancias que le sacó a la oposición en las PASO. Un resultado similar daría al oficialismo el control con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado, activo que resultaría mucho más importante si se considera que tendrá como antagonista una oposición diezmada, partida entre Juntos por el Cambio, cuya integridad está en duda y los ascendentes libertarios, con un radicalismo en el que los pases de facturas se desatarán con toda crudeza después de las elecciones. Esto, sujeto a la incierta evolución de la escena nacional.
Los beneficios para los agentes del Estado son un recurso proselitista clásico de todo oficialismo, pero en este caso particular, con las singulares condiciones que instaló el afianzamiento de Javier Milei en la carrera presidencial, se distinguen dos aspectos.
Un extra que entre septiembre y octubre sumará 160 mil pesos se presenta dividido en cuatro bonos: dos de 20.000 que ya se vienen cobrando y dos de 40.000 que se suman tras la devaluación posterior a las primarias.
Hay un desmarque de la medida tomada por el ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Tomás Massa, que propuso un bono de $60.000 en dos partes al que la mayor parte de los gobernadores se opusieron. Había que presentarlo así para no decir que se trataba solo de $30.000 mensuales.
Si se cotejan las cifras se advertirá que al Gobierno le hubiera salido mucho más barato aceptar lo de Massa. El acuerdo que cerró con los gremios estatales le implicará erogar $80 mil extra por agente en septiembre y octubre: $50.000 per cápita más que lo que le pedía al erario provincial Massa, sin tener en cuenta los aumentos salariales del 20% que se harán efectivos en ese lapso.
Obvio: mientras los $30.000 mensuales hubieran sido una concesión de Massa, con plata de las provincias, los $80 mil hay que agradecérselos al gobernador Raúl Jalil.
La tendencia a provincializar la campaña o a inmunizar la arena local de los volátiles vaivenes nacionales, es evidente, por más que todos los gobernadores peronistas vayan a juntarse el fin de semana en Tucumán para respaldar a Massa y tratar la impresión de desbande que compromete sus chances más de lo que ya están.
Por otro lado, el Gobierno proporcionó a los sindicatos con los que coordina su política salarial una herramienta importante en la pelea contra el frente de gremios estatales disidentes, que habían pedido pista para participar de una paritaria finalmente resuelta en sólo cuatro horas.
De las tratativas relámpago participaron la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATSA) y el sindicato de Vialidad, que negociaron con las ministras de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria y de Economía, Alejandra Nazareno.
UPCN marcó la cancha apenas se cerró el extra. Informó que el Gobierno no lo tenía previsto y que pretendía solo adelantar el 20% pendiente del incremento salarial de 28% pactado en julio, pero se allanó a la propuesta de los gremios.
"Los gremios solicitamos el bono para estar en consonancia con lo que fue dado por Nación. Se acordaron dos bonificaciones especiales de $40.000 para septiembre y $40.000 para octubre, que se suman a los $40.000 que ya se están cobrando y el 10% de incremento a partir del mes de octubre", informó oficialmente el sindicato que comanda Claudia Espeche.
Los disidentes, agrupados en el Frente de Estatales, denunciaron que no los dejaron entrar a la reunión con las ministras, pese a que se presentaron y consideraron que lo obtenido es “una lágrima” en comparación con la inflación proyectada y la pérdida del poder adquisitivo que ya se viene registrando desde el año pasado.
