(*) Por Andrea Morales Leanza
Hay dolores que no se explican con estadísticas. Solo se comprenden caminando los territorios, escuchando a las comunidades y presenciando cómo quienes habitan ancestralmente una tierra son tratados como extranjeros en su propia tierra.
Desde hace años acompaño, como abogada, a pueblos indígenas y a familias sin acceso a una vivienda digna. Lo que observo no son hechos aislados, sino la consolidación de un modelo político y económico que entiende el suelo como una mercancía y no como el espacio donde se desarrolla la vida, la identidad y la memoria de un pueblo.
En la Puna argentina, a más de tres mil metros de altura, existen comunidades que aún carecen de acceso permanente al agua, a la salud y a la justicia. Allí donde muchas veces nunca llegó un médico ni una política pública sostenida, sí llegan patrulleros, cascos, escudos y órdenes judiciales para desalojar. El Estado aparece con su mayor capacidad de fuerza precisamente donde ha estado ausente para garantizar derechos.
Lo ocurrido recientemente en Humahuaca, los conflictos que atraviesan comunidades de Cachi y la situación que viven familias enteras de toda la Comunidad Indígena de Peñas Negras no constituyen episodios desconectados entre sí, sino que son expresiones de una misma lógica: el avance sobre territorios ocupados ancestralmente o habitados por familias vulnerables para favorecer proyectos extractivos, inmobiliarios o económicos, relegando los derechos humanos a un plano secundario.
Este proceso resulta especialmente preocupante porque la Constitución Nacional Argentina, en su artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza el respeto a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Argentina, además, ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga al Estado a realizar consultas previas, libres e informadas cada vez que una decisión pueda afectar directamente a las comunidades indígenas.
Sin embargo, las reformas impulsadas por el gobierno nacional de Javier Milei y diversos proyectos legislativos orientados a agilizar los desalojos —entre ellos la propuesta conocida públicamente como "desalojo exprés", aún en debate legislativo— generan una profunda preocupación. De aprobarse sin resguardos adecuados, podrían debilitar aún más las garantías procesales de comunidades campesinas, indígenas y familias en situación de extrema vulnerabilidad, facilitando expulsiones sin atender la complejidad social y constitucional que estos conflictos involucran.
No se trata únicamente de una discusión jurídica. Se trata de definir qué modelo de país queremos construir. Porque cuando una comunidad pierde su territorio no solo pierde una porción de tierra: pierde su identidad,historia, sus cementerios ancestrales, sus lugares sagrados, su cultura y la posibilidad de transmitir ese legado a las generaciones futuras.
La filósofa Hannah Arendt sostenía que la deshumanización comienza cuando dejamos de reconocer al otro como un sujeto de derechos. Emmanuel Levinas afirmaba que la ética nace en la responsabilidad frente al rostro del otro. Y el papa Francisco recordó al mundo una verdad tan sencilla como profunda: "Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados."
Estas palabras adquieren hoy una vigencia ineludible. Porque el sufrimiento de quienes son expulsados de sus territorios no puede naturalizarse en nombre del progreso ni de las inversiones. Una sociedad que acepta que algunos sean sacrificados para beneficiar a otros comienza, lentamente, a perder su propia humanidad.
La democracia no puede reducirse a la estabilidad económica ni al equilibrio de las cuentas públicas. También debe medirse por su capacidad de proteger a quienes menos tienen, de respetar la Constitución y de hacer efectivos los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Cuando la ley deja de ser un límite para el poder y se convierte en una herramienta para legitimar el despojo, lo que entra en crisis no es solo el derecho de los pueblos indígenas: es el Estado de derecho mismo.
Todavía estamos a tiempo de elegir otro camino. Un camino donde el desarrollo no implique expulsión, donde la riqueza no se mida exclusivamente por la rentabilidad y donde el crecimiento económico sea compatible con la justicia social, la diversidad cultural y el respeto por la naturaleza.Porque no todo tiene precio. No todo puede convertirse en mercancía. Ningún proyecto económico será verdaderamente legítimo si se construye sobre el despojo, la violencia y el silencio.
Como recordó el papa Francisco, "nadie se salva solo". Quizá ese sea el mayor desafío de nuestro tiempo: volver a reconocernos como una comunidad de destino, donde la dignidad de cada persona y de cada pueblo sea el fundamento de la vida democrática, y no una variable subordinada a los intereses del mercado.
(*) Abogada, notaria y diplomada en Derecho Indígena
