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SUSCRIBITE Procedimiento. La posibilidad de que un niño haya sido vendido precipitó allanamientos en Capayán.
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SUSCRIBITEEl caso del niño de cuatro años que permanece bajo la custodia del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, en la órbita de la Secretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social, mientras se dirime por vía judicial si fue o no vendido por su madre a una pareja, expone la necesidad de ajustar la coordinación entre las diferentes instituciones que eventualmente convergen en este tipo de episodios.
El dato de que el chico habría sido vendido disparó una investigación judicial en el marco de la cual la división de Trata de Personas de la Policía realizó un operativo en la Colonia del Valle, Capayán. El niño, que fue inmediatamente puesto a disposición del Sistema de Protección Integral, estaba en compañía de un adolescente y la pareja que supuestamente lo habría comprado, de viaje.
Al día siguiente, un vecino desacreditó la versión de la venta y dijo que la madre se lo había “prestado” para que lo cuide. Se presentó como Juan “Chilo” Romero y aseguró que estaba haciendo desde hacía tres meses de “padre postizo” de la criatura, a la que incluso había inscripto en la escuela.
“No sé qué versión le dieron al fiscal, lo voy a denunciar. Está loca la Policía el maltrato que hizo, me empujaban para que salga de mi casa. Yo tengo criando un chico, que es de una chica de acá de Chumbicha. Ella me lo prestó, mejor dicho, no es dado, lo tengo yo y ella (sic). Porque ella viene a mi casa todos los días y lo tengo manteniendo yo al changuito, porque es de una familia muy humilde. Lo estoy cuidando yo al chico”, explicó.
Apareció, además, el progenitor, quien denunció que la madre no lo dejaba tomar contacto con su hijo.
La madre, de 27 años, fue detenida, pero no por la presunta venta, sino por resistirse a los procedimientos.
La Policía y el personal del Sistema de Protección actuaron en conjunto, pero el tema es que el procedimiento judicial se inició antes, de modo que los protocolos de Desarrollo Social deben realizarse condicionados por la causa judicial.
Aunque la situación en general es confusa, está claro el contexto de pobreza y vulnerabilidad social en que vive la madre, en el marco del cual debía recurrir al auxilio de otras personas para la crianza de su hijo, como sería el caso de “Chilo” Romero. Deben tenerse también en cuenta, al momento de evaluar el caso y emitir juicios de valor, usos y costumbres extendidos en el interior de la provincia, como este de padres que entregan hijos a familiares o allegados porque no pueden procurarles una vida medianamente digna. Si no se constata la existencia de abusos, es un elemento que no conviene omitir en el análisis.
La cuestión es que un chico de solo cuatro años fue extirpado de su medio y puesto a disposición del Estado de manera preventiva, lo cual en principio corresponde, pero cabe la posibilidad de que su integridad no estuviera en riesgo. La urgencia por esclarecer el hecho está directamente vinculada con el trauma que está atravesando.
Tal vez hubiera sido mejor instrumentar otros mecanismos preventivos menos impactantes que los allanamientos mientras se averiguaba si en efecto se había producido la venta, que es el origen de la intervención judicial por la posibilidad de un caso de trata o tráfico. Por ejemplo, dar intervención al Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes antes de proceder al apoderamiento de la criatura, para evaluar las condiciones en que estaba viviendo. Incluso si la venta se hubiera producido, cosa que aún no se sabe, se podría haber resguardado al niño en su propio entorno en lugar de desarraigarlo.
Como sea, el incidente marca la necesidad de perfeccionar la coordinación, en tren de evitar padecimientos adicionales e innecesarios a las víctimas.
