Adolescentes bajo sospecha en una sociedad donde los mayores no se hacen cargo

Este tipo de medidas de control conviven con respuestas de corte similar que circulan en el ámbito político. Allí aparece la baja de la edad de imputabilidad, impulsada por el gobierno de Javier Milei, la cual surge más desde un prejuicio social que por un aumento comprobable del delito juvenil. El problema deja de ser qué está pasando efectivamente y pasa a ser quién será el chivo expiatorio que cargue con la responsabilidad y el castigo. Esta medida fue acompañada incluso por legisladores catamarqueños que tuvieron un trayecto en la UNCA: Adrián Brizuela y Flavio Fama. El primero como docente y directivo; el segundo como rector en reiteradas oportunidades.

Recordemos, además, que el Gobierno nacional impulsó la desregulación de la tenencia de armas en Argentina.

En ambos casos, el resultado es similar: los jóvenes empiezan a ser vistos como sujetos potencialmente peligrosos. En la escuela, puede ser cualquiera; en el debate penal, se delimita una franja etaria. La lógica punitivista no radica tanto en la medida concreta como en ese accionar: identificar rápidamente a alguien responsable para que sea castigado.

Estas respuestas, sin embargo, no surgen de la nada. Aparecen en un contexto donde otras formas de acompañamiento social fueron debilitadas. En el modelo actual, el trabajo se vuelve inestable, los salarios pierden valor y las instituciones (entre ellas, la escuela) son desfinanciadas y pierden la capacidad de dar respuestas a las problemáticas sociales. Por solo poner un ejemplo, el Ministerio de Educación de la Nación fue degradado a Secretaría.

En esa línea, especialistas en educación como Laura Lewin han planteado que muchas de estas amenazas se parecen más a un pedido de ayuda que a una amenaza real. “Hay chicos que no saben manifestar ni poner en palabras lo que les pasa”, advierte. Desde esa perspectiva, la reacción institucional corre el riesgo de tapar el problema: “intervenir solo desde la sanción puede reforzar el aislamiento en lugar de ser un acompañamiento eficaz”.

Lewin también señala el peso del entorno digital y cierta naturalización de la violencia en la experiencia cotidiana de los adolescentes. Cuando el refugio aparece exclusivamente en las pantallas, sugiere, es porque ese sostén falta en otros espacios. Y ahí la escuela enfrenta un límite: sigue operando con formatos que no terminan de responder a las formas actuales de socialización, conflicto y expresión.

La baja de la edad de imputabilidad avanza en la misma dirección. No necesariamente porque resuelva los problemas que invoca, sino porque redefine quién puede ser considerado responsable y desde cuándo. Funciona como una señal de castigo; no como una solución.

Sin embargo, hay algo que estas respuestas no logran explicar. Ni la prohibición de mochilas ni el endurecimiento penal responden por qué aparecen estas amenazas, por qué circulan, por qué encuentran eco. Actúan sobre las consecuencias, pero dejan intactas las condiciones que las hacen posibles. Tal vez, entonces, la pregunta sea más incómoda: ¿qué tipo de sociedad empieza a tratar a sus propios jóvenes más como un peligro a disciplinar que como sujetos a formar?