En las últimas semanas el gobierno nacional ha reiterado en numerosas oportunidades -y al mismo tiempo ha presentado iniciativas que respaldan la intención- su propósito de “convertir planes sociales en trabajo”. Desde los propios movimientos sociales, si bien acompañan la iniciativa, advierten sobre cierta confusión al momento de expresar la consigna. Sostienen, y se respaldan en estadísticas que así lo ratifican, que en realidad la inmensa mayoría de los planes sociales tienen una contraprestación laboral, de modo que, señalan, los planes sociales deben convertirse, en todo caso, en trabajo genuino y no promovido por algún programa creado desde el Estado.
La aclaración no es menor. Sucede que hay una creencia muy extendida respecto de que los planes sociales son subsidios que el Estado le brinda a sectores vulnerables y que no implica una contraprestación laboral. Y sus beneficiarios son acusados, injustamente, por algunas personas malintencionadas o mal informadas, de ser “vagos mantenidos por el Estado”. Reciben el despectivo mote de “planeros”.
Según datos del Registro de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), el 49,2 por ciento de los que cobran el Plan Potenciar Trabajo, que es el concentra la mayoría de beneficiarios de planes sociales, son mujeres que trabajan en comedores populares o merenderos. Un 12,3 por ciento son trabajadores de servicios personales (personas que realizan tareas de limpieza, por ejemplo) y oficios de distinto tipo. Además, un 10 por ciento son beneficiarios del Potenciar Trabajo obreros que trabajan en obras de infraestructura de mejoramiento de barrios (albañiles, plomeros, electricistas; un 7,1 por ciento se dedica al comercio popular (feriantes, vendedores ambulantes); un 6,4% a la agricultura familiar y un 3,4 por ciento al reciclaje.
Con el sustento estadístico, desde la Renatep sientan posición: “La idea de transformar planes sociales en trabajo parte de una premisa falsa, porque los compañeros trabajan, y trabajan muchas más horas de las cuatro estipuladas por convenio”.
Tampoco debe suponerse que todos los que realizan trabajos informales tienen planes. Solamente uno de cada cuatro goza de ese beneficio. El resto subiste, en las actuales circunstancias, luego de tres años de recesión, cómo puede, por sus propios medios, y sin la asistencia del Estado desde el punto de vista de una remuneración mensual.
De modo que lo que el Estado tiene que hacer no es “convertir los planes en trabajo”, sino convertirlos “en empleo formal” y lo más calificado posible. Lo cual, se entiende, no puede lograrse como por arte de magia, según estrategias voluntaristas, sino a través de un proceso que demanda, además de las medidas que los gobiernos puedan tomar de manera directa para impulsarlo o facilitarlo, la creación de condiciones para el crecimiento económico que habilite el desarrollo del empleo privado registrado, otorgándole sustentabilidad a los puesto de trabajo y más garantías de estabilidad laboral a los trabajadores.
