La renuncia de los camaristas Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales cierra el episodio de la videodenuncia por coimas del modo más conveniente para los criterios del Gobierno y los jerarcas de la corporación judicial, que incluye estudios jurídicos.
Materializada la acusación en su contra ante el jury, ambos optaron por no sumar a sus significativos padecimientos anímicos el flagelo de un debate público.
Tal decisión personal alivió también a la mayor parte de la familia judicial. A muy pocos de sus miembros, más que nada a los mejor ubicados, les interesaba repetir la experiencia atravesada con Roberto Mazzucco, destituido como fiscal en 2017 luego de un jury que desnudó miserias, rencores y rencillas intestinas oprobiosas.
Dado el deterioro del prestigio de la Justicia, el mismo derrotero en el caso Da Prá-Morales hubiera sido un superfluo ejercicio de masoquismo.
Encapsular el escarnio, reducir daños: eludir la instancia del debate en el jury se transformó en objetivo central de los poderes Ejecutivo y Judicial desde la aparición del video que registró el presunto cohecho.
Pero el Gobierno advirtió además el potencial político del incidente, que erosionaba aún más, casi hasta el anonadamiento, la autoridad de la Justicia, y la dejaba prácticamente inerme.
A las horas del reventón, en una entrevista concedida a Pulso Legislativo, de Multimedios Ancasti, el gobernador Raúl Jalil anticipó que avanzaría con la reforma judicial.
El que avisa no es traidor. Procedió velozmente.
Menos de dos semanas después, sus legisladores derogaron el Consejo de la Magistratura y ampliaron el número de miembros de la Corte de Justicia de cinco a siete en trámite expeditivo y polémico.
Luego, por decreto, suplantó el Consejo derogado por una Comisión Evaluadora cuya principal novedad es la exclusión de los legisladores y de la Corte en el examen de los postulantes a integrar el Poder Judicial previo a la conformación de las ternas de las que el Gobernador selecciona para hacer su propuesta al Senado, y la incorporación de la Universidad Nacional de Catamarca al diseño. Este movimiento contó con la anuencia de la UNCA en las personas de su rector, Flavio Fama, ex candidato a intendente de la Capital por la coalición opositora, y el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Salerno, además de la del Colegio de Abogados.
La semana pasada, Jalil completó la maniobra con la designación de la joven abogada Fabiana Gómez y su ministro de Seguridad, Hernán Martel, en los dos nuevos casilleros abiertos en la Corte. Todavía tienen que pasar el cernidor del Senado, pero el oficialismo tiene ahí mayoría aplastante: 14 brazos sobre 16.
Transcurrió a gatas un mes desde la videodenuncia.
Podrá decirse cualquier cosa de Jalil, menos que sea flojo de reflejos.
Tensión
Pero al mismo tiempo que perpetró sus metas políticas, el Gobierno facilitó a la oposición estribo para enarbolar una causa de la que carecía, vinculada, aparte, con lo que sus referentes nacionales sostienen sobre la reforma judicial que alienta la Casa Rosada. Esto es: el Gobierno lubricó la unificación de las tribus opositoras locales.
Las reacciones son indicativas.
Rechazo ante la Corte de la eliminación del Consejo de la Magistratura por inconstitucional, manifestación en favor de la castidad del Poder Judicial vía caravanas y otras manifestaciones públicas, impugnación formal por parte de un grupo de abogados a los pliegos de Martel y Gómez en el Senado y exigencia de una asamblea pública para examinar su idoneidad; pretenden la osadía de tomarles prueba.
En este marco, el senador nacional Oscar Castillo selecciona las oportunidades adecuadas para intervenir.
Tras la aprobación del soporte legislativo de la reforma judicial, cuestionó lo que para él era un arrebato. Propuestos los nombres para la Corte, incursionó otra vez en declaraciones, hecho destacable en contraste con su habitual laconismo.
Para integrar la Corte, estimó, es necesario tener algo más que el título de abogado, saber leer y “comprensión de texto”.
“El arte de injuriar” es de Jorge Luis Borges. Capaz que el senador lo leyó. En un pasaje, replica un retruque atribuido a Johnson: “Su esposa, con el pretexto de que trabaja en un lupanar, vende géneros de contrabando”.
Vaya a saber.
La cuestión es que la iniciativa de Jalil sobre la Justicia tensionó el arco político y detonó una discusión de fondo.
Lo que importa
Como la oposición no se privó, cuando era oficialismo, de incursionar en el colonialismo judicial, sobresalen entre los objetores de la reforma que propone el Gobierno actores que sostienen una postura consistente. Esto es: crítica contra los tirios ahora, pero también contra los troyanos, antes.
De lo que impulsa el Gobierno, llama la atención que entregue una llave para incidir sobre la configuración del Poder Judicial a la UNCA, reducto tradicionalmente hegemonizado por el radicalismo.
Extraño, si se tiene en cuenta que los predecesores de Jalil no tuvieron inconvenientes para designar jueces y fiscales a mansalva sin que el viejo Consejo de la Magistratura fuera obstáculo.
Este detalle espolea la natural paranoia de la política. La supuesta colonización del Poder Judicial por parte del Gobierno no requería tantos desgastes institucionales. La misma meta podría haber logrado sin necesidad de voltear el Consejo de la Magistratura, ni sumar miembros en la Corte.
En la lógica particular de la política, la arremetida jalilista es inexplicable salvo por un alarde de poder que incuba para él riesgos tangibles en términos de consenso, en la marcha hacia las elecciones de medio término del año que viene, ya en pos pandemia si el virus y la Virgen del Valle quieren.
Bajo las maniobras facciosas, casi siempre mezquinas, subsiste lo medular: mejorar un servicio de Justicia cuya calidad es lamentable, sanear al Poder Judicial de sus deméritos.
Otra vez el incidente Da Prá-Morales.
Su resolución está en manos del fiscal de Delitos Especiales, Facundo Barros Jorrat. Heredó las cuentas pendientes de su antecesor, Marcelo Sago, quien ascendió a juez de Control de Garantías en septiembre del año pasado sin avanzar en procesos importantes de corrupción. No faltan los que dicen que el ascenso fue en realidad una recompensa, que se le pagó a pesar de que todavía regía el Consejo de la Magistratura. Los códigos ante todo.
Entre los expedientes irresueltos del doctor Sago está, vaya casualidad, la causa penal contra el destituido Mazzucco, radicada hace tres años. El proceso político se cumplió, pero el judicial no. Ahora se le enlaza, para suerte o desgracia, el expediente Da Prá-Morales.
Fuerza para el debutante Facundo Barros. Mientras la política se entretiene en sus conjeturas, le toca a él emitir señales sobre la depuración de la Justicia.
