La crisis del PAMI es la última estribación de una política sistemática que, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, convirtió a los jubilados y pensionados en la principal variable del ajuste fiscal, sacrificados en el altar del “Déficit Cero”.
Los datos son contundentes. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el sistema previsional explica el 19% del ajuste total del Sector Público Nacional, posicionando a los adultos mayores como el grupo más castigado por la consolidación fiscal libertaria.
El mecanismo central de ese ajuste fue la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria. En marzo de 2024, el Gobierno nacional eliminó por decreto el sistema de actualización de las jubilaciones establecido por ley y lo reemplazó un índice atado a la inflación, con dos meses de rezago.
La medida fue adoptada en el preciso momento en que la fórmula anterior habría comenzado a generar mejoras reales en los haberes. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en septiembre y diciembre de 2024, y en marzo y junio de 2025, los aumentos que hubiera otorgado la fórmula derogada habrían sido superiores a los efectivamente aplicados.
A ese cambio estructural se sumó el congelamiento del bono compensatorio en $70.000 desde marzo de 2024.
El resultado acumulado es una jubilación mínima con bono que, entre marzo de 2024 y junio de 2025, aumentó apenas un 83,3%, frente a un incremento del 126,7% en los haberes sin bono. Esto significa que los jubilados de la mínima fueron los más perjudicados dentro del propio sistema previsional.
La canasta de medicamentos del PAMI, mientras tanto, acumuló una suba del 361,6% desde el triunfo de Milei, superando en 191,7 puntos porcentuales a la jubilación mínima con bono.
En septiembre de 2024, el Congreso aprobó una ley de movilidad jubilatoria que establecía una recomposición de los haberes que habían quedado retrasados en la primera etapa de la gestión. Milei vetó la norma.
Fue la confirmación de que el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados no era un efecto colateral del ajuste, sino uno de sus instrumentos deliberados.
Desde diciembre de 2023, los haberes jubilatorios perdieron hasta el 29% de su valor real. El 64% de los jubilados cobra el haber mínimo, que en abril de 2026 equivale a aproximadamente $456.000 mensuales. La Defensoría de la Tercera Edad calculó que la canasta básica del adulto mayor alcanzó ese mismo mes los $1.824.682: la brecha entre el ingreso mínimo y las necesidades reales supera el 400%.
Un análisis del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz muestra algunas de las consecuencias de este desfasaje.
El 42% de los jubilados realiza solo una o dos comidas diarias y 7 de cada 10 recortó alimentos. El 86% destina al menos el 40% de sus ingresos al alquiler; quienes cobran la mínima pueden llegar a gastar hasta el 80% en un monoambiente.
Ante la imposibilidad de subsistir solo con la jubilación, la actividad laboral entre mayores de 66 años creció un 11% interanual: miles de jubilados volvieron al mercado de trabajo, no por elección sino por necesidad.
En este escenario de degradación sostenida se inscribe la crisis del único sistema de salud al que la mayoría de los jubilados puede acceder.
El PAMI, la obra social más grande de América Latina, con alrededor de seis millones de afiliados, acumula una deuda de $500.000 millones con clínicas, sanatorios, farmacias y médicos.
El Ministerio de Economía soltó $150.000 millones, apenas el 30% de la deuda con los prestadores.
Las causas del desequilibrio son, también aquí, el resultado de decisiones políticas.
En el primer bimestre de 2026, las prestaciones del PAMI registraron un derrumbe del 29,8% real interanual. Esto obedeció a la concurrencia de tres factores: la eliminación del impuesto PAIS —que le aportaba recursos directos-, la caída real de los aportes de jubilados con sus ingresos en picada y la reducción del 57,7% en términos reales de las transferencias del Tesoro nacional durante el primer trimestre del año.
La magnitud de tamaño torniquete parece no haber satisfecho la angurria del “Déficit Cero” y el 9 de abril el Gobierno descargó otro golpe sobre el castigado sistema.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados reformó el sistema de pago a los 8.000 médicos de cabecera: eliminó los honorarios por consulta y los adicionales por atención, reemplazándolos por una cápita fija de $2.100 por paciente por mes.
Según la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), la medida implicó un recorte de entre el 50% y el 52,5% de los ingresos de los profesionales. Un médico con el cupo máximo de 700 pacientes pasó de percibir aproximadamente $2.200.000 a $1.400.000 brutos mensuales.
De acuerdo a los cálculos gremiales, un profesional necesitaría atender a casi mil jubilados por mes para cubrir los costos básicos de funcionamiento, lo que implicaría más de 30 consultas diarias.
La respuesta fue un paro nacional de 72 horas, con suspensión de consultas programadas, interrupción de recetas electrónicas y falta de órdenes médicas. Solo se mantuvieron guardias y urgencias.
El conflicto se produce en el peor momento posible. El encarecimiento de las prepagas empujó a miles de adultos mayores a volcarse al PAMI, colapsando una demanda que el sistema ya no puede absorber.
Los turnos para estudios médicos se otorgan con demoras de hasta cuatro meses; las cirugías programadas se postergan indefinidamente.
Las clínicas y sanatorios se encuentran igualmente al límite.
La crisis se completa con la destrucción del sistema de acceso a medicamentos.
El programa Remediar, que abastecía a más de 8.000 centros de salud y cubría hasta el 90% de las patologías más frecuentes en atención primaria, fue suspendido a partir del 1° de abril. Su vademécum pasó de 79 medicamentos a apenas tres, todos focalizados en enfermedades cardiovasculares.
En paralelo, el PAMI eliminó la cobertura del 100% para quienes superan el umbral de 1,5 veces el haber mínimo —aproximadamente $570.000 mensuales—. Quienes cobran apenas por encima de ese tope no califican para el beneficio, pero tampoco tienen capacidad real de costear el 50% restante.
Los médicos de cabecera señalan que los pacientes solicitan que no se les receten medicamentos sin cobertura completa porque saben que no podrán comprarlos. Hasta los protectores gástricos —un básico para adultos mayores polimedicados— deben pagarse ahora al 100%. La entrega de insumos como sillas de ruedas o andadores puede demorar más de un año. Los programas históricos como el HADOB —para hipertensión, diabetes y obesidad— están desfinanciados.
La falta de medicamentos esenciales deriva en cuadros más graves que terminan en internaciones de alto costo. El ahorro de corto plazo, obtenido a través de políticas inhumanas, genera un gasto mayor en el mediano plazo, además del daño irreparable sobre la salud de la población.
La crisis se proyecta sobre el sector farmacéutico: el PAMI concentra el 40% del mercado de medicamentos del país.
El veto a la ley de recomposición de haberes aprobada por el Congreso, el congelamiento del bono desde marzo de 2024, la reducción del 57,7% en las transferencias al PAMI, la suspensión de Remediar y los cambios introducidos en el pago de los médicos forman parte de una misma lógica: los jubilados son sacrificados en el altar del “Déficit Cero”.
El resultado es un círculo vicioso nefasto por sus efectos humanitarios: el desfinanciamiento del PAMI deteriora las condiciones de los prestadores, que reducen o suspenden servicios; la menor oferta de atención recae sobre los médicos que permanecen en el sistema; la falta de medicamentos y cobertura obliga a una población que ya no puede alimentarse adecuadamente a elegir entre comer y medicarse.
Todo esto sobre una base donde el ingreso mínimo no cubre ni el 25% de la canasta básica real del adulto mayor.
