En cinco de las seis Circunscripciones Judiciales los fiscales iniciaron actuaciones de oficio. Hubo nuevas intimidaciones en la Escuela Apolo.
Desde la semana pasada, cuando aparecieron los primeros manuscritos intimidatorios realizados por alumnos que amenazaban a integrantes de la comunidad educativa con supuestas balaceras, la Justicia inició decenas de actuaciones de oficio y solamente se registraron dos denuncias penales, evidenciando que el Ministerio de Educación no intervino activamente para que se avance en la investigación de los hechos.
El fenómeno comenzó con pintadas en sanitarios escolares y derivó en amenazas. En cinco de las seis Circunscripciones Judiciales, los fiscales iniciaron actuaciones de oficio ante la reiteración de episodios y la ausencia de denuncias formales, poniendo en evidencia la expansión territorial de los hechos. En todos los casos se dio intervención a Educación.
En la Primera Circunscripción Judicial, que incluye la Capital, solo se registraron dos presentaciones judiciales realizadas por directivos, pese a que se dispusieron medidas en 12 establecimientos educativos. Aun así, la Fiscalía Penal Juvenil, a cargo de Guillermo Narváez, avanzó por iniciativa propia, en línea con el principio de oficialidad que rige la persecución penal.
Se ordenaron inspecciones oculares, recepción de testimonios a autoridades escolares y la intervención de peritos, además de tareas de la Brigada de Investigaciones para identificar a los posibles responsables.
En uno de los casos, se logró individualizar a un adolescente de 16 años y se efectuó un allanamiento en su domicilio, que derivó en el secuestro de un teléfono celular Redmi Xiaomi de color negro, una tablet marca Beone, una notebook Acer y una PlayStation 4.
En las últimas horas, se reportaron mensajes y advertencias en la Escuela Apolo, lo que refuerza la hipótesis de un fenómeno en expansión, con conductas imitativas entre estudiantes que investiga la Justicia. En la Segunda, Tercera, Quinta y Sexta Circunscripción Judicial también se abrieron actuaciones de oficio, replicando medidas similares: relevamiento de pruebas, registros fotográficos, análisis de redes sociales y toma de testimonios.
En algunos casos, incluso se investigan amenazas difundidas por WhatsApp que mencionan armas y posibles víctimas, lo que elevó el nivel de alerta.
Todos los expedientes involucran a menores de edad, por lo que interviene la Asesoría de Menores y se aplican medidas específicas del fuero penal juvenil, como la fijación de domicilio, la designación de defensa técnica y la obligación de permanecer a derecho.
Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que los menores de 16 años son considerados no punibles y que, en los casos en los que están involucrados, la intervención judicial es de carácter tutelar, enfocada en la contención y la prevención.
En cuanto a los adolescentes de 16 y 17 años, pueden ser investigados bajo un régimen especial y con medidas de carácter educativo.
Para el gobierno de la provincia de Santa Fe, las amenazas de tiroteos en escuelas “no son una broma, sino un delito”, lo que implica montar operativos policiales que tienen un costo estimado entre 5 y 6 millones de pesos. En ese sentido, anunciaron que los autores de esos actos, que provocan desasosiego y perjudican a miles de alumnos de todos los niveles, tendrán que pagar la cuenta.
“Una vez que se compruebe la responsabilidad del involucrado, este o su familia deberán hacerse cargo y costear el procedimiento”, anunció el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Pablo Cococcioni.
La ola de casos de amenazas tuvo su pico la semana pasada. El viernes se sumaron 65 denuncias por amenazas, casi todas idénticas, mediante carteles dejados en baños de los establecimientos educativos.
Por eso, Cococcioni fue contundente al remarcar el alcance de las sanciones: “No se trata de una broma, se trata de un delito”, subrayó. n
