Un planteo interpuesto por el Gobierno de La Rioja, que paralizó el proyecto de cobre, oro y plata “Vicuña”, ilustra sobre los desafíos de coordinación interjurisdiccional que demandará el desarrollo de la megaminería.
A pedido de la Fiscalía de Estado riojana, la jueza provincial María Greta Decker ordenó suspender las actividades en “Vicuña” y bloqueó el tránsito de maquinaria pesada por el corredor Guandacol hacia el campamento Batidero durante 30 días.
Picardías del gobernador Ricardo Quintela. Los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, que conforman el emprendimiento, están ubicados en el extremo noroeste de San Juan, casi sobre el límite interprovincial, pero el acceso a ellos sólo es posible por territorio riojano, vía Guandacol. “Vicuña” presentó un informe de impacto ambiental por el uso de las rutas de La Rioja, pero Quintela dice que su Gobierno debe evaluar la totalidad del proyecto para expedirse y eventualmente autorizarlo.
La situación es similar a la que podría haberse planteado entre Catamarca y Salta por el proyecto Diablillos, ubicado en Antofagasta de la Sierra, en una zona en conflicto por los límites desde la década del ’40, pero los gobiernos de ambas provincias acordaron repartirse los beneficios fiscales al 50% para que se ponga en marcha.
¿Buscará lo mismo Quintela? El caso es que la disposición de una jueza provincial abrió una vía de judicialización inconveniente para un proyecto en el que los gigantes BHP y Lundin Mining piensan invertir 7.100 millones de dólares entre 2027 y 2030, para llegar a los 18.000 millones en una década. Las exportaciones de “Vicuña” arrojarían al Estado unos 6.000 millones de dólares anuales.
El problema es que para trasladarse del campamento Batidero a San Juan deben recorrerse 471 kilómetros, más de de 200 de los cuales están en La Rioja. Quintela juega contra el tiempo: está proyectada una ruta directa desde los yacimientos hasta San Juan, toda en territorio sanjuanino. Aunque no se sabe cuándo estaría lista para utilizarse, hasta entonces estará en condiciones de incordiar en tribunales.
Conviene de todos modos incorporar al análisis de la controversia riojano-sanjuanina otra presentación judicial, interpuesta por la provincia de La Pampa apenas se sancionó la reforma de la Ley de Glaciares. El gobernador Sergio Ziliotto advirtió que los ríos de su provincia provienen de los deshielos cordilleranos de Neuquén y Mendoza.
Como la reforma de la ley de Glaciares asignó a las provincias la potestad de definir las zonas periglaciares de sus territorios que no podrán ser afectadas por actividades productivas, lo que Ziliotto está planteando en rigor es el derecho de La Pampa a participar de intervenir en los procesos que Mendoza y Neuquén realicen en tal sentido, dado que involucrarán fuentes de hídricas pampeanas.
Tal vez Quintela haya tomado nota del recurso de su colega para sumarlo a sus dispositivos de presión sobre “Vicuña” llegado el caso. Por lo pronto, exige que el proyecto cuente también con la habilitación ambiental riojana y empiezan a menearse, con discreción, objeciones a un acuerdo limítrofe celebrado entre los gobiernos de San Juan y La Rioja en 1968, sin el cual el yacimiento Josemaría quedaría del lado de La Rioja.
Los conflictos son indicio de las expectativas que empiezan a generarse en torno al provecho que podría sacársele a la minería, pero también exponen los escollos que pueden ir apareciendo ante su despliegue, adicionales a los de la resistencia ambiental.
El hecho de que las explotaciones puedan involucrar intereses de más de una provincia es un ejemplo de estos inconvenientes no previstos, por más RIGI que haya.
Al más ñato se le despierta el olfato cuando siente bullir la olla.n
