CARA Y CRUZ

El negocio del hambre

miércoles, 8 de abril de 2020 · 01:08

El escándalo por la compra en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de alimentos a precios muy superiores a los máximos establecidos por la propia Casa Rosada remite al negocio del hambre que tantas prosperidades precipitó en Catamarca tras la crisis de 2001. En tiempos tramados por la angustia, reconforta descubrirse pionero.
Un denominador común resplandece entre las muchas diferencias que pueden señalarse: estos sobreprecios y enjuagues en áreas a cargo de contener los sectores sociales más desguarnecidos saltan con crisis que interrumpen el flujo en cajas habituales de financiamiento político, como podrían ser la obra pública o las finanzas, y la inversión pública pasa a concentrarse casi exclusivamente en el asistencialismo. 


El “negocio del hambre” floreció cuando el estallido del sistema de Convertibilidad desbarrancó a la Argentina en el default y elevó los niveles de pobreza a niveles estratoféricos, fluctuantes entre el 40 y el 50%. El episodio nacional, cuando la demanda de comedores y escuelas bajo el confinamiento por el coronavirus saltó, según el propio ministro Daniel Arroyo, de 8 a 11 millones de personas: un incremento de más del 37% en menos de un mes.
En el caso catamarqueño, el fenómeno de desplazamiento –o mutación, para entonar con el vocabulario de la peste- está confirmado. El negocio del hambre se sistematizó entre 2001 y 2003, período en el que no había ni créditos ni obras públicas que movilizaran el emprendedurismo del funcionariato.
En el nacional, la rápida anulación de la compra, provocada por el revuelo, no desmerece el principio: reverdecida la grieta, las usinas oficialistas se apresuraron a difundir supuestas matufias similares perpetradas por el macrismo. Sin embargo, en aquellos tiempos la “papa” estaba más bien en la timba financiera, sin que esto haya significado, por supuesto, el abandono de otras actividades lucrativas con la plata del erario, que en el sector público las pymes suelen andar mejor que en el privado.


La polémica por la compra en Desarrollo Social de la Nación obedeció a que los precios pactados con los proveedores superaban en promedio un 50% los establecidos como Precios Máximos, con picos como el de los fideos, que duplicaban o casi triplicaban los autorizados. Tamaña inconsistencia obligó, igual que con la estampida de los jubilados, a poner el cuero al propio presidente Alberto Fernández, que ordenó anular el procedimiento. Arroyo ordenó una investigación interna y despidió ayer a 15 funcionarios de su cartera, entre ellos quien se desempeñaba como secretario de Articulación de la Política Social, Gonzalo Calvo, que oficiaba de nexo con los intendentes. 
En Catamarca, las maniobras se desarrollaron al amparo de un decreto que, justificado en la emergencia, elevó el tope de los montos para las contrataciones directas –sin licitación ni concurso de precios- en Acción Social. A partir de ahí se desató un aquelarre en el área, que estaba al mando del actual titular de la UOCRA, Víctor Hugo Brandán. Desdoblamientos de contrataciones con una misma empresa para eludir el máximo legal, concentración de las compras en un puñado de proveedores que recién iniciaban sus actividades, adquisiciones extravagantes como “juegos de ingenio” por cifras millonarias, crecimiento exponencial de las compras en etapas electorales. 


Estas anomalías fueron reveladas a lo largo de meses por El Ancasti.
Una auditoría del Tribunal de Cuentas fue lapidaria: el caos administrativo impidió verificar en numerosos casos si los productos comprados habían ingresado en los depósitos. 
En 2004 se inició una causa penal con Brandán como principal imputado. Todavía no se hizo el juicio oral y público.
La magnitud del escándalo cortó un proceso de sistematización similar en Desarrollo Social de la Nación. Resta ver si se trató de incompetencia, negligencia o corrupción en grado de tentativa.n

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