La burbuja, puesta a prueba

Varios gobiernos provinciales, entre ellos los de las en circunstancias normales prósperas Córdoba, Santa Fe y Mendoza, empiezan a acomodar el lomo para un lonjazo político. Las disponibilidades financieras del Estado en abril incluyeron 20 días de actividad de marzo, muy castigada por la recesión preexistente a la pandemia en la Argentina pero actividad al fin. En mayo se experimentarán los efectos sobre la recaudación del primer mes completo de economía encuarentenada y entrará en la manga de las restricciones el único sector que hasta el momento se mantuvo exento: los empleados de la administración pública.
La angustia social generada por pestes y guerras suele galvanizar consensos en torno a los gobernantes. El coronavirus no ha sido la excepción, salvo en países como los Estados Unidos y Brasil, cuyos presidentes, con desaprensión y estupidez propia de energúmenos, hicieron trepar el ritmo de las muertes a la estratósfera.
Tal consenso, que viene eslabonándose desde el presidente Alberto Fernández a gobernadores e intendentes, será puesto a prueba ahora que el costo del confinamiento preventivo se cierne amenazante sobre los agentes del Estado.  
El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, dijo ayer que “es evidente que está aumentando la pobreza”.
“En Argentina se mide en base al costo de los alimentos y los ingresos de las familias y está claro que aumentaron los alimentos y bajaron los ingresos", explicó.
Tal correlación entre merma de ingresos e inflación no se ha registrado aún en los trabajadores del sector público.
Las reacciones en los distritos que se vean obligados a proceder a recortes y segmentaciones en sus desembolsos salariales arrojarán indicios sobre la solidez de las legitimidades establecidas sobre el temor al virus. Se planteará con toda crudeza la necesidad de conciliar la salud con la economía y la imposibilidad de sostener la antinomia entre ambos conceptos indefinidamente. Sugerir “quedate en casa”, y condenar a quienes no acatan el consejo o señalan sus proyecciones económicas, es más cómodo cuando el sustento no depende de salir y está garantizado a fin de mes en los cajeros.
Los 120 mil millones de pesos que la Casa Rosada liberó a los gobernadores para ayudarlos a “sostener el normal funcionamiento de las finanzas provinciales y cubrir las necesidades ocasionadas por la epidemia” equivalen a un mes de recaudación provincial o 20 días de sueldo.
Previsoras, comarcas con incidencia del empleo público mayor que Córdoba, Santa Fe o Mendoza, donde el sector privado sometido a indispensable inactividad es robusto, advierten sobre la necesidad de adaptarse.
En Chubut, la administración de Mariano Arcioni ya venía con inconvenientes para acreditar salarios desde antes del aislamiento. Recién hace una semana terminó de completar febrero a todos sus empleados.
El jujeño Gerardo Morales dijo que Jujuy “está en la parrilla” por la pérdida de recursos fiscales, aunque se comprometió a “hacer lo que sea para pagar el neto de sueldos de la administración pública".
En Salta, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, dijo que hay “una alta complejidad” y, si bien garantizó el pago de sueldos, están “utilizando algún método financiero para sostener la caída de la recaudación, que en abril va a estar entre el 40 y el 50%”.
Al menos 19 intendencias de Tucumán anticipan inconvenientes para los desembolsos. "El pago de sueldos de abril será un escollo para la administración", dijo Claudio Viña, secretario de Ingresos Municipales de San Miguel, la capital.
El gobierno catamarqueño ha prescindido hasta ahora de curarse en salud, pero los intendentes expresan su inquietud en reserva por el desplome de sus recaudaciones y de la coparticipación. La estructura pública de Catamarca es de las más elefantiásicas del país y el efecto multiplicador de la circulación del dinero de los sueldos estatales está muy reducido por la inactividad de la cuarentena.