EDITORIAL

No es justicia

viernes, 30 de octubre de 2020 · 01:03

El proceso judicial que esta semana culminó en el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario con la condena de tres exmilitares por los delitos de homicidio, secuestros, tormentos y abuso sexual es, en los tiempos que corren, un hecho excepcional entre los juicios por delitos de lesa humanidad. Sucede que la gran mayoría de estos procesos están demorados, y la mayoría por causas imposibles de justificar.

Casi a 40 años de haber finalizado la última dictadura militar, muchos de los responsables de aberrantes crímenes gozan aún de impunidad. Se cuentan de a decenas, incluso, los que murieron sin haber sido juzgados por los delitos que cometieron. 

Buena parte de la mora le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, que tiene que resolver, y no lo hace, o lo hace con dilaciones incomprensibles, respecto de diversos planteos en más de 60 causas que aún no están firmes. Una de ellas es la conocida como la “Masacre de Capilla del Rosario”, hecho sucedido en Catamarca, por el que fueron condenados en 2008 a prisión perpetua los exmilitares Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta, exintegrantes del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17. En 2016, en un fallo polémico, la Cámara Nacional de Casación absolvió a los acusados. La decisión fue apelada y elevada al máximo tribunal de Justicia del país.

Casi a 40 años de haber finalizado la última dictadura militar, muchos de los responsables de aberrantes crímenes gozan aún de impunidad.

Pero la Corte no es la única instancia judicial responsable de las demoras. También hay retrasos en fiscalías y juzgados federales o en cámaras federales. Hay casos de procesos que llegan a la instancia de juicio oral pero los juicios se postergan porque no hay tribunales integrados. En Catamarca hay una causa –desprendimiento de la que investigó las desapariciones forzosas de Francisco y Griselda Ponce, Genaro Burgos y Yolanda Borda- elevada a juicio pero que no tiene aún tribunal formado. 

La pandemia, es cierto, complicó en un primer momento la continuidad de algunos juicios emblemáticos, como el de la ESMA IV, que se suspendió en marzo, cuando empezó la cuarentena. Pero al cabo de algunas semanas la Justicia comenzó a funcionar nuevamente. Sin embargo, el restablecimiento de la dinámica judicial no impactó demasiado en los juicios a represores.

Los organismos de Derechos Humanos apuntan sus dardos al actual presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, a quien acusan de propiciar deliberadamente la mora en la tramitación de estos expedientes.

Las dilaciones, que son históricas pero que se acentuaron desde 2016, en consonancia con el arribo al poder del gobierno de Cambiemos y la nueva conformación de la Corte Suprema, implican que muchas víctimas, aun con el inmenso cúmulo de pruebas disponibles, no obtienen justicia, y los represores, muchos de ellos ya ancianos, mueren impunes. 

La sentencia popular “justicia lenta no es justicia” encuentra en las causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la Argentina una confirmación indiscutible.n

Otras Noticias