El DNU emitido con la firma de Javier Milei y sus ministros incorporando dos nuevas causales de expulsión de extranjeros o de cancelación de residencia, es claramente un eslabón más en la estrategia pergeñada por el gobierno para intentar reivindicarse luego del golpe que significó el episodio de la bandera de Malvinas exhibida por los jugadores del seleccionado al finalizar el partido con Inglaterra.
Horas antes de aquel encuentro mundialista, la ministra de Seguridad había aceptado que se prohibiera el ingreso de banderas con el mapa de las islas o alguna alusión a la legítima reivindicación nacional sobre el archipiélago usurpado. Tal concesión, que cayó mal entre los argentinos en general, contribuyó a afectar la imagen de un gobierno que no tiene demasiados argumentos para mostrar cuando de defensa de la soberanía nacional se habla. De hecho, el propio Milei se ha declarado admirador de Margaret Thatcher, que fue la responsable del hundimiento del ARA General Belgrano fuera del área de exclusión, un crimen de guerra que costó la vida de 323 argentinos. La imagen de los jugadores mostrando la bandera fue demoledora.
Con el propósito de modificar esa imagen de desapego a un tema clave de la identidad nacional, referentes libertarios, entre ellos el Presidente de la Nación, empezaron a denunciar la existencia de una presunta campaña antiargentina y a elucubrar medidas efectistas contra los extranjeros. No contra los extranjeros ricos, por cierto, a los que quiere beneficiar eliminando el tope para la adquisición de las mejores y más ricas tierras de la Argentina, sino, por ejemplo, a los extranjeros que estudian y se hacen atender en hospitales públicos.
La última medida conocida en esta sobreactuación de súbito nacionalismo es el DNU mencionado al comienzo de esta columna, que prevé la expulsión de extranjeros que dirijan “mensajes de odio” o inciten a la violencia contra el pueblo argentino motivado en la nacionalidad, y haber realizado o participado en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales. El decreto sería impracticable si no fuera porque el gobierno nacional suele caer demasiado seguido en transgresiones de normas. Es que el instrumento no establece ningún protocolo para identificar quién emitió un mensaje de odio y además no prevé un mecanismo de constatación propio. De modo que la aplicación de las fuertes sanciones quedaría librada a arbitrarias interpretaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, y no de fallos judiciales ajustados a derecho.
Que la modificación de la Ley de Migraciones se haga mediante un decreto y no a través de una ley le añade componentes de precariedad legal al intento. Constitucionalistas prestigiosos de la Argentina califican al decreto como inconstitucional y algunos, como Gil Domínguez, se animan a la ironía: "Lo paradojal es que con esta normativa Javier Milei no podría volver a ingresar a Brasil o España debido a su ´discurso de odio´”.
El propósito no admitido del decreto es el de recomponer la imagen de un gobierno poco patriota. Tal vez, incluso, la norma no se aplique nunca. De hecho, el mismo día de la publicación del decreto llegó a la Argentina la cantante Rosalía y a nadie se le ocurrió que se le podía aplicar las causales e impedirle entrar al país.
