EDITORIAL

Violencia de género y pasividad estatal

lunes, 13 de enero de 2020 · 01:08

El viernes pasado, funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional asistieron a una capacitación en género y violencia contras las mujeres. Lo hicieron en el marco del cumplimiento de la Ley 27499, denominada comúnmente Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, una joven asesinada en Entre Ríos. La norma obliga a todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado nacional a recibir capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres. 

La ley podría aplicarse también en Catamarca, con alcance para los tres poderes del Estado provincial, si es aprobado un proyecto presentado por la diputada del Frente de Todos, Adriana Díaz.
La iniciativa tiene más que un valor simbólico. Los numerosos casos que a diario se conocen sobre violencia contras las mujeres en todas sus formas corroboran que el Estado está en deuda con las víctimas. No es habitual que el abordaje de estos casos se haga desde una perspectiva de género, aunque también es preciso reconocer que se han registrado avances en los últimos tiempos.

En Catamarca, un caso que volvió a tomar estado público en los últimos días a partir de una resolución judicial es útil para ilustrar posiciones contradictorias dentro de las instituciones que intervienen en casos relacionados con la violencia familiar. Ana María Pérez Cabrera purga una condena por homicidio por haber matado a su pareja en octubre de 2015. El crimen no se hubiese cometido si la policía y la Justicia hubiesen actuado eficazmente ante las numerosas denuncias de violencia de género presentadas por Ana María. La pasividad estatal impidió que se frenara la escalada de violencia que terminó de la peor manera.
Fue condenada por unanimidad a 12 años de prisión, pero la condena no está firme: la Corte Suprema debe resolver un recurso que argumenta que la mujer actuó en legítima defensa por los numerosos antecedentes de violencia que sufrió de parte de su pareja. 

Al margen de la pena que debe cumplir por el delito que cometió, su situación es muy delicada porque es madre de dos hijas pequeñas y no tiene familiares que se puedan hacer cargo de ellas. Por esa razón, como relató El Ancasti en su edición del sábado, su abogado, Iván Sarquís, gestionó junto con la Secretaría de Familia, a cargo de María Carrizo, una mejora en las condiciones del cumplimiento de su condena. Como respuesta a la presentación de ese recurso, el juez Luis Guillamondegui dictaminó que Ana María cumpla prisión domiciliaria en el Hogar Warmi, donde vivirá junto con sus hijas.

La actuación de los agentes estatales debe contener una necesaria perspectiva de género, que contemple, para el análisis de casos de índole diversa que involucran a mujeres, el contexto de desigualdad y discriminación existente.
Atinadas resultan las palabras de Sarquís para completar la idea en base al caso concreto analizado: “Ana María es un fiel ejemplo de la incapacidad del Estado de brindar, ante la problemática de violencia de género, una respuesta oportuna, adecuada, que permita a las mujeres, a las víctimas, salir de esta situación”.
 

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