El presidente Javier Milei acaba de anunciar que las provincias mineras y petrolíferas financiarán a la próspera Pampa Húmeda. En su discurso de apertura de la Rural, remarcó que la energía y la minería, sectores que según él hasta hace poco "no producían nada", serán la fuente de recursos para bajar los derechos de exportación al campo hasta su eliminación definitiva.
Como era de esperarse, la promesa fue celebrada jubilosamente por los organizadores del tradicional evento, que vienen pechando desde hace años por la eliminación de las retenciones. El asunto es que el júbilo agropecuario se alcanzará a expensas de provincias que ya resignan tres cuartas partes de la renta minera en beneficio de la Casa Rosada.
Como informó El Ancasti, la Nación se queda con el 75% de la recaudación que genera la actividadminera. El Tesoro nacional se lleva la totalidad de los derechos de exportación e importación y, aunque el Impuesto a las Ganancias y el IVA son coparticipables, se distribuyen según la fórmula general, sin distinguir el origen territorial de la renta.
Cuando Milei promete que el crecimiento de la minería y la energía financiará la quita de retenciones, en rigor está anunciando que serán las provincias mineras y petroleras las que paguen, indirectamente, el alivio fiscal de la Pampa Húmeda.
El Presidente hace política con plata ajena. Las provincias fueron, junto con los programas sociales, uno de los sectores que más pusieron el cuerpo para sostener el ajuste fiscal “más grande de la historia de la humanidad”, como le fascina decir.
Los giros a las provincias experimentaronuna poda de US$12.880 millones entre 2023 y 2025, similar ala de los programas sociales y superior al de la obra pública.
Solo en 2024, las transferencias automáticas cayeron 10% en términos reales, y el gasto de capital —la partida de la que depende buena parte de la infraestructura provincial— se derrumbó un 33%.
La consecuencia llegó en 2025. El conjunto de provinciaspasó de un superávit primario de 4,8 billones de pesos a un déficit de 380.000 millones.
En criollo, las provincias pusieron el hombro para el ajuste nacional y ahora, además, se les impondría a las mineras ponerlo para financiar la baja de impuestos del campo.
Obra pública
Chocho de la vida con el anuncio, el presidente de la Sociedad Rural expresó su anhelo de que la eliminación de las retenciones se cristalice “por ley” y añadió un reproche que viene al pelo para ilustrar lo que ha significado la deserción del Estado nacional en las provincias: el atraso en rutas y comunicaciones como una de las causas del "costo argentino" que golpea la competitividad del agro.
Tiene razón, la Argentina libertariadesinvirtió en obra pública. Pero ese diagnóstico, tan sensato cuando lo pronuncia el campo, noparece aplicar a las provincias mineras, que resuelvenel mismo problemacon sus recursos.
El ejemplo más flagrante del arrebato nacional en este aspecto es el Impuesto a los Combustibles Líquidos. La Ley 23.966 establece que buena parte de lo recaudado debe destinarse, por afectación específica, al mantenimiento y la construcción de rutas: el 60% de la porción provincial debe ir directo a los organismos viales de cada distrito. Sin embargo, la Nación se queda con todo.
Es decir: un tributo que por ley debía convertirse en asfalto para las provincias fue retenido arbitrariamente por la Nación, mientras cada distrito sigue resolviendo por su cuenta el mantenimiento de las rutas que la producciónrequiere.
En Catamarca, el Paso San Francisco, la ruta que conecta Tinogasta con Chile y por donde en los próximos años saldrá el litio de Tres Quebradas hacia los puertos del Pacífico, fue asfaltado y se mantiene con fondos provinciales. Buena parte de la renta litífera catamarqueña, canalizada a través de fideicomisos, se destina justamente a rutas y energía en la puna, obras que el Estado nacional dejó de financiar.
La Provincia paga la logística, la Nación embucha la parte del león de lo que se extrae con mayor facilidad debido a tal logística.
Es el mismo patrón de angurria extractivistaque describióinmejorablemente ChristelBories, presidenta de la minera francesa Eramet, cuando explicó qué necesitan las empresas para instalarse en zonas remotas: rutas, ferrocarriles, puertos, energía.
Alguien tiene que poner esa infraestructura. Las mineras no lo hacen, tampoco la Nación que se queda con el 75% de los tributos de la actividad. Lo hacen las provincias mineras.
Discusión pendiente
De modo que conviene hacer la cuenta completa. Las provincias mineras ya están pagando dos veces: ponen la infraestructura para que la actividad extractiva sea posible y ceden tres cuartas partes de la renta que esa actividad genera a un Tesoro nacional que, encima, promete redirigirla hacia otra región, que tiene enormes ventajas competitivas respecto del NOA.
El campo, dijo Pino, aportó 215.000 millones de dólares en derechos de exportación desde que el tributo se implementó en 2002. El reclamo es que ese dinero, alguna vez, vuelva a traccionar la economía de las provincias agropecuarias que lo generaron.
Es un argumento legítimo, pero el mismo razonamiento -que lo que aporta una región vuelva a esa región— tendría que aplicarse para las provincias mineras y petroleras.
Si lo que promete Milei se sostiene, buena parte de la renta que hoy generan el litio, el cobre, el oro, la plata y el gas seguirá el camino inverso al que reclama la Rural para las retenciones: se centralizará en la Nación y terminará, una vez más, financiando el crecimiento de la próspera Pampa Húmeda, mientras el NOA, Cuyo y la Patagonia siguen poniendo el territorio, la infraestructura y el pasivo ambiental.
El esquema fiscal vigente convierte a la minería y a los hidrocarburos en el nuevo sostén de un país que sigue sin discutir el reparto federal de sus recursos no renovables.
Las provincias mineras se reunieron en la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre para mostrar unidad regional y respaldaron el RIGI, pero no lograron instalar en la agenda la revisión de un sistema fiscalque está de hechoen tensión con la Constitución Nacional, que asigna la propiedad originaria de los recursos naturales a las provincias.
