Un reclamo salarial, de los tantos que se realizan en el ámbito de la administración pública, derivó en un fuerte conflicto gremial de impredecible derivaciones por culpa del pésimo manejo político de las autoridades responsables de resolverlo.
Desde hace mucho tiempo los trabajadores de la Obra Social de los Empleados Públicos de Catamarca vienen reclamando el pago de un adicional por tareas específicas, como tienen empleados de otros organismos provinciales. Los pedidos, hasta fines del año pasado, se reducían a gestiones más bien informales. Es que durante mucho tiempo el gremio que nuclea a los trabajadores nunca ejerció la tarea efectiva de representar las demandas de sus afiliados. Y las sucesivas conducciones de la OSEP descansaron en esa indiferencia gremial.
El sindicato logró revitalizarse con la elección del año pasado, cuando ganó una agrupación nueva en las elecciones gremiales. La nueva conducción motorizó desde entonces el reclamo por el adicional y realizó gestiones ante las autoridades del organismo y funcionarios provinciales para lograr que el pago del adicional sea convalidado oficialmente.
La demanda al principio no prosperó y, como suele suceder, los trabajadores decidieron en asamblea empezar con medidas de fuerza consistentes en quite de colaboración. El conflicto se fue haciendo más duro con el correr de las jornadas.
Dos veces pareció destrabarse, cuando el propio titular de la obra social, Julio Cabur, le anunció a los dirigentes del sindicato y a los afiliados en general, reunidos en asamblea, que el adicional iba a otorgarse, aunque con un monto más reducido que el pedido inicial de los trabajadores. Hubo firma de actas para otorgarles mayor formalidad a las promesas. Pero éstas no se cumplieron por, según la propia versión de Cabur, negativa del Ministerio de Hacienda.
El conflicto entró ahora en una etapa de difícil resolución. El quite de colaboración genera muchos inconvenientes entre los afiliados de la obra social, que concurren al organismo por problemas de salud propios o de algún familiar, y no tienen acceso al servicio. Como siempre sucede, se convierten en las víctimas de un problema que les es ajeno.
Cuesta entender la impericia con la que las autoridades de OSEP manejaron las negociaciones. Si un funcionario les promete cara a cara, y a través de papeles firmados, una mejora salarial a los empleados de la repartición que conduce, se supone que los empleados dan por hecho que recibirán el incremento, y es entendible el malestar que los embarga cuando se enteran que finalmente no se efectivizará.
Si a este absurdo le sumamos que el sindicato mantiene posiciones que, aunque comprensibles en el sentido del reclamo, terminan derivando en medidas de fuerza extremas, que le complican la vida a los afiliados, el panorama es francamente desesperanzador.
Si no hay un aporte de razonabilidad, el conflicto amenaza con escalar, alterando una discusión salarial que en la provincia se resolvió para el resto de la administración pública apenas el año comenzaba.
