La reforma de la Ley de Glaciares se inscribe en un paulatino y sostenido desplazamiento del centro de gravedad político y económico argentino desde el área metropolitana hacia las regiones mineras e hidrocarburíferas.
Las modificaciones reflejan el fenómeno con nitidez inmejorable. El Congreso acaba de quitarle a la Nación y otorgarles a las provincias la facultad de especificar las áreas glaciares y periglaciares que no pueden ser afectadas por esas dos actividades. Significa que serán los gobiernos provinciales los que despejarán con estudios en el terreno las imprecisiones del relevamiento técnico-satelital realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) en función de la ley original, sancionada en 2010.
Es una transferencia de poder real de gran alcance.
Los cuestionamientos de las organizaciones ambientalistas son comprensibles. Lo que el IANIGLA relevó en forma unificada debe perfeccionarse fragmentado en distintas jurisdicciones: las provincias pueden determinar por separado cuáles de las zonas señaladas por el instituto del CONICET como periglaciares en sus territorios constituyen efectivamente reservas hídricas.
El primer indicio de los esfuerzos de coordinación que esta balcanización administrativa implica fue el amparo interpuesto contra la nueva ley por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, debido a que los ríos pampeanos provienen de los deshielos andinos de Mendoza y Neuquén.
Sin embargo, la reforma no desguarnece los periglaciares, sino que permite que se los defina con precisión, lo que equivale a decir que también se definirán con precisión las áreas en las que podrán desarrollarse la minería y los hidrocarburos.
La reforma de la ley destraba un “statu quo” de más de tres lustros y abre una nueva etapa, signada por nuevas tensiones y, por supuesto, responsabilidades mayores en cuanto a la protección del medio ambiente y la vigilancia de la sociedad civil sobre las amenazas ecológicas.
Ningún factor ideológico explica la armonía que los gobernadores de las provincias reunidas en las mesas del Litio y del Cobre y las que tienen recursos hidrocarburíferos procuran mantener con el gobierno de Javier Milei mejor que el interés que tienen en explotar sus reservas mineras, petroleras y gasíferas.
Las regiones andinas y patagónica comienzan a adquirir un peso político determinante en este marco.
Las fabulosas proyecciones de Vaca Muerta se articularán con las del litio, el oro, el cobre, la plata y otros minerales críticos para disparar exponencialmente el volumen de las exportaciones argentinas en el corto plazo, en un mundo donde la importancia de lo que el país tiene para ofrecer en materia energética quedó dramáticamente expuesta por la guerra de Irán y las restricciones que el régimen de los ayatolas impuso e impone al tráfico de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz.
Los precios internacionales de esos insumos vienen en ascenso. De 2025 a lo que va de este año, sin considerar el petróleo y el gas, cuyos valores se distorsionaron por las turbulencias económicas del conflicto bélico, la escalada fue notable: el litio aumentó 117%, el oro entre el 40 y el 50%, el cobre 37%, la plata 150%.
Catamarca, Salta, Jujuy, San Juan, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Río Negro… La oportunidad que se abre para esas provincias es enorme.
No es extraño que sus gobernadores hayan respaldado el RIGI y ahora la Ley de Glaciares, como tampoco que la mayoría se muestre reticente a apoyar iniciativas que reducen la coparticipación, como los intentos de bajar el impuesto a las Ganancias.
Se trata de recursos que extienden sus márgenes de autonomía económica y financiera. La confluencia de intereses de los mandatarios lubrica la sincronización de sus movimientos políticos.
Conviene considerar estos ingredientes para ajustar el análisis sobre lo que está ocurriendo.
En el interior se están afianzando ejes de poder que contrastan con el incremento de la volatilidad política en el área metropolitana, con picos destructivos como el que enfrenta al gobernador bonaerense Axel Kicillof con Máximo Kirchner.
La oposición del kirchnerismo a la reforma de Glaciares es una contradicción flagrante, que sólo se entiende por su necesidad de sostenerse como alternativa electoral a Milei recluido en la nitroglicerínica Buenos Aires y neutralizar cualquier amenaza a su menguado poderío.
Cristina Kirchner vetó en 2008 la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, que había sido sancionada en octubre de ese año, porque “repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo” en las provincias mineras y petroleras.
Es cierto que la Ley de Protección de Glaciares sancionada dos años después no sufrió el veto cristinista, pero hay que tener en cuenta un detalle: la norma ordenó el inventario de glaciares y periglaciares que hizo el IANIGLA y que concluyó oficialmente recién en 2018. O sea: no suponía restricciones inmediatas a la minería y la explotación de hidrocarburos y sus alcances quedaron supeditados a los resultados del mapeo del IANIGLIA. Sus efectos eran “a pillar”. Adicionalmente, CFK se aprestaba a su reelección y habrá considerado inconveniente malquistarse con las organizaciones ambientalistas en tal instancia.
Viejas historias, se dirá, la política es dinámica e induce reposicionamientos constantes, pero hay episodios más recientes que corroboran la inconsistencia “k”.
En la campaña presidencial de 2023, Sergio Massa planteaba que la Argentina se encontraba ante su "tercera oportunidad histórica" después de los hitos de la Generación del 80, con el modelo agroexportador, y el peronismo, con la industrialización.
Esta chance, explicaba, se ofrecía por los cambios producidos en el orden económico mundial, que potenciaban los recursos naturales estratégicos del país.
Argentina tiene la oportunidad de ser un jugador global en energía, minería y alimentos, insistía. En torno a esa idea estructuró su narrativa como candidato contra Javier Milei y la motosierra.
Qué corta la memoria kirchnerista. Ahora reprocha a los gobernadores insumisos que pretendan avanzar en uno de los vectores centrales del proyecto que su candidato proponía al electorado hace apenas tres años.
