La defensa de Paulo Ibáñez atacó la presentación de los abogados que faltaron a una audiencia en Apelaciones. Por la inasistencia, la Cámara dejó firme su sobreseimiento.
Fiscalía. Al no concurrir a la audiencia, quedó firme el sobreseimiento.
La defensa de Paulo Ibáñez, exjefe de departamento del Registro de la Propiedad Inmueble, pidió a la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos que rechace el planteo de nulidad presentado por los abogados de Fiscalía de Estado, luego de que ambos faltaran a una audiencia clave y perdieran la apelación contra el sobreseimiento del imputado.
Por la ausencia de los letrados Victoria Eugenia Rosales y Tomás Hugo Aibar, la Cámara dio por desistida la apelación que habían impulsado contra la resolución que benefició a Ibáñez. Como consecuencia, el sobreseimiento quedó firme.
Rosales y Aibar actúan como querellantes particulares en la causa penal que investiga un presunto fraude en el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo que depende del ARCAT.
Según la investigación, uno de los principales beneficiarios de las maniobras habría sido Edgar Adhemar Bacchiani, condenado por más de 50 hechos de estafa y próximo a enfrentar nuevos juicios.
Tras perder la apelación, Rosales presentó un recurso solicitando la nulidad de lo resuelto por la Cámara y pidió que se fije una nueva audiencia. Argumentó que Fiscalía de Estado no fue correctamente notificada sobre el día y la hora en que debía realizarse la audiencia de expresión de agravios.
Además, hizo reserva del recurso de casación y de caso federal. También solicitó que sea citado como testigo el exfiscal de Estado Marcos Denett, quien en 2024 firmó la exoneración administrativa de Ibáñez.
En paralelo, a Rosales y Aibar se les inició un sumario administrativo por presunto mal desempeño de sus funciones, justamente por no haber concurrido a la audiencia que ellos mismos habían solicitado para cuestionar el sobreseimiento del exfuncionario.
En esa misma causa continúan imputadas Andrea Pacheco y Norma Bravo, exempleadas subalternas de Ibáñez en el Registro de la Propiedad. Para ambas quedó firme el pedido de elevación a juicio formulado por el fiscal de Instrucción Facundo Barros Jorrat.
La respuesta de la defensa de Ibáñez fue particularmente dura. El abogado Sebastián Ibáñez sostuvo ante la Cámara que el planteo de Fiscalía de Estado es “absurdo”, “inentendible” y de “absoluta mala fe procesal”.
Según explicó, durante todo el expediente Fiscalía aceptó sin objeciones las notificaciones enviadas a la casilla electrónica del abogado Aibar y recién cuestionó ese mecanismo después de que la apelación quedara desistida por la inasistencia a la audiencia.
El defensor sostuvo además que, si prosperara el criterio planteado por Fiscalía de Estado, también podrían considerarse defectuosas otras notificaciones realizadas por la propia Cámara durante el trámite de la causa.
En ese punto, deslizó que aceptar el planteo de nulidad implicaría admitir que el mismo tribunal realizó notificaciones irregulares en distintas etapas del expediente.
Finalmente, acusó a Rosales y Aibar de actuar con “irresponsabilidad procesal e irrespeto al tribunal y las demás partes intervinientes”, y pidió que el recurso sea rechazado con “costas ejemplares”, para que afronten los gastos procesales derivados de la presentación.
La causa penal se inició en el año 2022 y poco después, Paulo Ibáñez inició una demanda civil contra la Provincia por los perjuicios sufridos, asegurando que padeció un “daño psicológico extremo”, y que la situación vivida en los últimos cuatro años afectó gravemente su imagen personal y familiar.
“Si hay algo que traté de cuidar en todos estos años fue, más que nada, mi integridad moral. Vengo de una familia de trabajo y honradez y siento que con todo lo que pasó mancharon el nombre de mi persona y de mi pasado”, remarcó.
También afirmó que el proceso truncó proyectos personales y profesionales, ya que al momento en que comenzó la causa acababa de recibirse de abogado.
Señaló además que sus hijos “tuvieron que soportar distintos comentarios” y sostuvo que el allanamiento realizado en la casa de su madre fue “devastador” para la familia. Al sostener que fue víctima de una falsa acusación y que sirvió como “chivo expiatorio”, responsabilizó “en primer lugar a la directora Patricia Valdés” y también apuntó contra la Dirección de Sumarios Administrativos y el entonces fiscal de Estado, Marcos Denett.
“Soy diabético, sufrí daño psicológico, daño patrimonial y daño moral y hasta tuve pánico de salir a la calle", finalizó.
