Emocionado, con voz entrecortada, el canciller argentino Jorge Faurie anunció el viernes el acuerdo de asociación estratégica que suscribieron en Bruselas las autoridades del Mercosur y la Unión Europea (UE). Luego, en declaraciones a un portal de noticias, dijo: “Ahora solo me falta recuperar las Islas Malvinas”.
Cualquier desprevenido, si se dejase llevar por el aspaviento de Faurie, supondría que el mencionado acuerdo es un hito en la historia económica argentina, que supondrá para nuestro país liberarse para siempre del lastre del subdesarrollo para permitirle ingresar a jugar en las grandes ligas de los países centrales.
En realidad, el pacto se encuadra en la política librecambista que vienen impulsando varios gobiernos de la región, incluido ahora el Brasil de Jair Bolsonaro, y entraña severos riesgos, como siempre sucede cuando se establecen tratados comerciales entre dos partes de poder tan desigual. En esos casos, lo corrobora la historia económica mundial, siempre sale ganando el poderoso.
El acuerdo le abrirá aún más a las potencias del viejo continente los mercados de los países del Mercosur para que nos vendan sus productos industriales, a cambio de que nos compren, siempre y cuando cumplan las exigentes restricciones sanitarias que impone la Unión Europea, productos agrícolas o agroindustriales. Algo así como comprar máquinas y vender limones o, en el mejor de los casos, jugo de limón envasado. Esto es, un paso más a la reprimarización de la economía argentina, que algunos ven como un objetivo deseable, pero otros como una condena al subdesarrollo.
En los últimos tres años, y también en otros períodos de la historia nacional, como por ejemplo en la década del 90 o con el plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura militar, la Argentina ha experimentado las consecuencias de la apertura casi irrestricta de las importaciones, sobre todo las industriales, en la economía del país. Esta apertura es una de las causas de la actual crisis industrial, a la que debe sumársele por cierto el achicamiento del mercado interno por la persistente caída del poder adquisitivo de los salarios.
Un aspecto cuestionable del acuerdo es que la decisión de suscribirlo la adoptó, en el caso de la Argentina, exclusivamente el Gobierno, sin participación de las fuerzas opositoras, ni de los representantes de los sectores económicos involucrados –por ejemplo la Unión Industrial Argentina-, ni mucho menos luego de un debate exhaustivo en el Congreso de la Nación. Al Parlamento llegará recién para su ratificación, una vez que el pacto entre los dos bloques desiguales tenga un texto con todas las precisiones. En esa instancia se prevé un arduo debate de resultado impredecible. Por eso también es poco entendible la emoción del canciller, que tal vez debería poner mayor empeño es recuperar las Islas Malvinas y así ganarse en serio un lugar en la historia argentina.
