El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, dijo el martes lo que todo el mundo sabe desde hace tiempo: que la Justicia argentina padece una crisis de legitimidad. Si bien a primera vista puede sorprender que una obviedad semejante haya generado tanta repercusión, lo cierto es que no es un dato que deba pasar inadvertido que la afirmación venga del titular del máximo estamento de la Justicia argentina.
La culpa no es solo de la Justicia. Los intentos del poder político de tener injerencia en las decisiones de jueces y fiscales, de nombrar jueces adictos y desplazar a los que no lo son, pueden detectarse desde hace décadas.
El menemismo diseñó su propia estrategia de incidencia en la Justicia, al punto que terminó conformando una Corte Suprema con mayoría automática que fue disuelta recién en 2003.
El kirchnerismo ejecutó también maniobras muy evidentes para disciplinar a los funcionarios del Poder Judicial, favoreciendo el ascenso de los complacientes y persiguiendo a los díscolos.
El gobierno de Cambiemos prometió transparencia e institucionalidad, pero a los pocos días de asumir nombró a dos jueces de la Corte, entre ellos el propio Rosenkrantz, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Y en estos tres años se dedicó, como el gobierno que lo antecedió, a premiar a magistrados adictos y presionar a los que no fallan de acuerdo con sus intereses. La última ofensiva contra el juez Ramos Padilla se inscribe en el contexto de estas prácticas.
Uno de los cuestionamientos que la sociedad le hace a la Justicia es que, pese a los cientos de causas de corrupción que se ventilan en los tribunales, los condenados pueden contarse con los dedos de la mano. Los expedientes se mueven al compás de los tiempos políticos: se multiplican las imputaciones, los procesamientos, las prisiones preventivas, pero rara vez se dictan sentencias. El fiscal federal Federico Delgado publicó un libro en el que relata cómo la Justicia investiga a los funcionarios públicos cuando dejan el poder, pero rara vez mientras están ejerciendo el cargo. Pero de todos modos las condenas son escasas.
La ex presidenta Cristina Kirchner tiene cinco procesamientos con pedidos de prisión preventiva. Todas ellas fueron dictadas por el mismo juez, Claudio Bonadío. ¿Esto significa que ningún otro magistrado tiene el valor de avanzar en las causas que involucran a la ex mandataria o que el citado juez tiene un ensañamiento casi personal con ella? La respuesta dependerá de la ideología o alineamiento político del opinante.
El propio Rosenkrantz reconoció, en sus apreciaciones sobre los jueces y la Justicia, lo medular del problema: “La desconfianza creciente de nuestros ciudadanos ha nacido en parte porque se empieza a generalizar el recelo de que servimos a intereses diferentes al derecho”.
Razones no le faltan a la gente para tal escepticismo. No se necesitan jueces disciplinados o díscolos, sino probos.