Editorial

El proceso inclusivo no finalizó

El viernes pasado se cumplieron 70 años del decreto presidencial que estableció la gratuidad...
martes, 26 de noviembre de 2019 · 02:31

El viernes pasado se cumplieron 70 años del decreto presidencial que estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria en la Argentina. Se cerraba, así, un proceso de democratización que se había abierto en 1918, con la reforma impulsada por estudiantes cordobeses que logró formalizar varias reivindicaciones, pero no la relacionada con la gratuidad. 

Los sucesos de hace 101 años culminaron con profundas reformas en los estatutos y leyes vinculadas a la universidad, consagrándose la autonomía universitaria; el cogobierno de la universidad, lo que implicó la participación de los estudiantes en la gestión; la extensión universitaria; la periodicidad de las cátedras y los concursos de oposición. Algunos de estos logros se fueron incorporando de a poco, con marchas y contramarchas, pero adquirieron la formalización necesaria para que sean reconocidos universalmente.

En rigor, tanto 1918 como 1949 son mojones ineludibles, pero los orígenes de las demandas inclusivas en materia de enseñanza superior se pueden encontrar en el siglo XIX. Del mismo modo, suponer que el mencionado proceso democratizador culminó con el decreto de gratuidad es una ingenuidad: el desafío de hacer de las universidades públicas un ámbito al que puedan acceder todos los ciudadanos es permanente, y no siempre los resortes para activar los mecanismos de apertura y equidad dependen de los actores vinculados con la educación.

En los dos grandes hitos del proceso democratizador de las universidades públicas en Argentina participaron las fuerzas políticas hegemónicas del siglo XX. La reforma universitaria de 1918 vio la luz pública durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, y fue impulsada en el seno de los claustros universitarios mayoritariamente por estudiantes que militaban en la Unión Cívica Radical.

El decreto de gratuidad de la enseñanza Universitaria fue firmado por el entonces presidente de la nación, Juan Domingo Perón, y el partido del cual era líder fue uno de los qué impulsó la formalización de esta decisión trascendente de la que acaban de cumplirse siete décadas. 

No es casual, entonces, que la universidad pública democrática y gratuita tenga tanto consenso en la sociedad argentina, y los proyectos restrictivos tan limitada aceptación. 

A más de un siglo de la reforma, y a siete décadas del decreto de gratuidad, el proceso de inclusión en la universidad no ha finalizado. Persisten, aunque no formalmente, barreras de acceso a algunos sectores, no por normativas de carácter universitario sino por restricciones de otra índole, vinculadas fundamentalmente a la inequidad social.

De todos modos, tanto la reforma del 18 como el decreto de gratuidad del 49 terminaron de demoler a la universidad elitista, esquemática, de modos autoritarios, y reservada a un sector absolutamente minoritario de la sociedad, para convertirla en una institución más inclusiva, que alberga en su propio seno las herramientas necesarias para sanear sus propias defecciones y profundizar el camino democrático iniciado hace más de un siglo. 

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