“Soltar”, “sanar”, “atraer abundancia”, son tres expresiones que hoy encabezan la oferta de un mercado en expansión -consteladores familiares, biodescodificadores, guías espirituales, “psicólogos sociales” sin título- que promete resolver en pocas sesiones lo que la salud mental, como campo científico y clínico, sabe que rara vez puede ser sometida a atajos.
Las internaciones por salud mental en el sistema público argentino aumentaron un 42% desde 2023 y las consultas ambulatorias, un 23% en el último año, según el 2º Informe Federal de Salud Mental presentado en el Senado. La mitad de quienes no reciben tratamiento dice necesitarlo y para el 43% de ellos el obstáculo es económico. Entre una demanda desbordada y una oferta de salud pública que se retira florece una industria del bienestar que no exige título, no rinde cuentas ante ningún colegio profesional y, sin embargo, cobra tarifas que duplican o triplican el arancel mínimo sugerido para una consulta psicológica matriculada.
Personas que llegan a estos espacios con un padecimiento real encuentran un alivio inicial basado en la sugestión y suelen terminar aisladas de su entorno, económicamente comprometidas o con cuadros clínicos agravados. El vacío normativo agrava el cuadro. Un informe de eldiarioar.com señala que ningún proyecto de ley de terapias complementarias, de los tres presentados desde 2018, llegó siquiera a votarse. Mientras tanto, el Estado nacional reduce a su mínima expresión el presupuesto de salud mental. De hecho, la única partida destinada a implementar la Ley Nacional de Salud Mental cayó un 91,6% respecto de 2025, muy lejos del piso del 10% que la norma exige y que el Gobierno actual busca directamente eliminar.
En Catamarca, la Ley provincial que regula el ejercicio de la psicología reserva la práctica a quienes están inscriptos en la matrícula del Colegio de Psicólogos de Catamarca y prohíbe expresamente aplicar procedimientos que no cuenten con el aval de centros universitarios y científicos reconocidos. Pero una ley que no es acompañada de fiscalización activa corre el riesgo de convertirse en letra muerta frente a la proliferación de ofertas virtuales, que operan sin fronteras provinciales y sin que ningún colegio local pueda alcanzarlas.
El problema no es la existencia de este tipo de prácticas complementarias, sino que pueden sustituir un tratamiento de salud mental basado en criterios científicos. Es, en el fondo, una forma de estafa que se aprovecha de la angustia ajena y que además individualiza la culpa, pues buena parte de estas propuestas responsabiliza al paciente de no tener la “voluntad” suficiente para sanar.
Es necesaria la existencia de normas que pongan límites claros al uso de terminología clínica por parte de quienes no están habilitados, y sobre todo es imprescindible revertir el desfinanciamiento de la salud mental pública, que es la causa estructural de este desplazamiento hacia el mercado informal.
