Un examen de los argumentos con los que se sostiene el relato del gobierno nacional respecto de una supuesta baja de la pobreza revela que al menos dos de ellos descansan sobre bases metodológicas cuestionables, cuando no francamente distorsionadas.
El primero es la comparación entre la evolución de los salarios y la inflación medida por el INDEC. El Gobierno exhibe con insistencia que los ingresos le han ganando terreno a los precios. Lo que omite mencionar es que esa comparación se apoya en un índice de precios al consumidor cuya canasta de referencia está absolutamente desactualizada. La inmensa mayoría de los analistas económicos coincide en que esa desactualización subestima el impacto real de la inflación, particularmente en rubros como los servicios, que hoy pesan mucho más en los presupuestos hogareños que en 2004, año del último relevamiento vigente.
El propio Marco Lavagna, quien condujo el INDEC hasta febrero, terminó presentando su renuncia precisamente por la resistencia de Javier Milei y de Luis Caputo a avanzar con la actualización de la canasta de consumo. Si se aplicara esa canasta actualizada, coinciden distintas consultoras, la inflación acumulada durante la gestión libertaria sería entre 10 y 15 puntos porcentuales superior a la que efectivamente difunde el organismo estadístico, lo que altera de manera sustancial cualquier cálculo sobre la evolución de la pobreza.
El segundo argumento que distorsiona la medición es el crecimiento inusitado que el propio INDEC atribuye a los salarios de los trabajadores informales. Mientras los trabajadores registrados del sector privado y los empleados públicos perdieron sistemáticamente frente a la inflación durante buena parte de este período, el organismo estadístico sostiene que los ingresos de los trabajadores no registrados -es decir, los que trabajan en negro- crecieron en términos reales un 83% desde noviembre de 2023. Se trata de una cifra que merece un examen crítico. Los ingresos informales, por definición, no están amparados por paritarias ni por ningún mecanismo de negociación colectiva que permita recomponerlos frente a la suba de precios. Históricamente, y así lo confirma la propia serie del INDEC, son los que más terreno pierden frente a la inflación, no los que más ganan.
Si ese 83% de recuperación real fuera efectivamente cierto, cabría esperar que los trabajadores informales exhibieran hoy buenos ingresos. Sin embargo, el mismo INDEC aclara que el salario promedio del sector no registrado apenas alcanza los 731.000 pesos, una cifra que equivale a poco más de la mitad del valor de la canasta básica que se utiliza para medir la línea de pobreza.
A diferencia de lo que ocurre con el empleo registrado, sobre el cual existen registros administrativos precisos, la medición de los ingresos informales se basa en encuestas de hogares con un margen de error considerablemente mayor y una volatilidad muestral que puede producir variaciones estadísticas de gran magnitud sin que exista necesariamente un correlato en la realidad económica de esos trabajadores. El Gobierno, consciente de la fragilidad metodológica, aprovecha ese vacío para exhibir cifras que, para la mayoría de los especialistas, no son más que espejismos estadísticos.
