miércoles 27 de marzo de 2024
EDITORIAL

La otra grasa militante

Por Redacción El Ancasti

A un mes de asumir el Gobierno de Cambiemos, el flamante ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, pronuncio la expresión “grasa militante” para referirse a los cargos ocupados en los distintos estamentos de la Administración pública por simpatizantes y dirigentes del gobierno kirchnerista recientemente finalizado. Declaró en conferencia de prensa, en enero de 2016,  que el Gobierno Nacional quería “un Estado sin la grasa de la militancia”.

La discordancia entre lo proclamado por el gobierno de Cambiemos apenas asumió y lo concretado en la práctica en los meses siguientes fue muy evidente. En los primeros meses de gobierno no hubo una disminución de la planta de trabajadores del Estado, sino una modificación en la conformación ideológica de los cuadros. Es decir, muchos simpatizantes del kirchnerismo o del peronismo fueron despedidos o rescindidos sus contratos, al mismo tiempo que se nombraban, para reemplazarlos, a militantes o dirigentes del Pro, del radicalismo o de la Coalición Cívica. 

Casi 4 años después, los roles parecen haberse invertido: el destinatario de las críticas respecto de los pases a planta permanente compulsivos de dirigentes, militantes y funcionarios, es el macrismo, que se apresta a abandonar el poder en pocas semanas.
Un día después de las elecciones, sindicatos que representan a los trabajadores de la Anses denunciaron que el viernes, a última hora, una resolución del director del organismo, Emilio Basavilbaso, dispuso el traspaso a planta permanente de los cargos políticos del organismo nombrados durante la gestión actual de Cambiemos.

No es la única denuncia al respecto: también hay, según lo señalado por otros gremios estatales, nombramientos de funcionarios en otros organismos, como Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, Inadi, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Administración General de Puertos y Secretaría de Legal y Técnica. Y citan las resoluciones 395, 396, 397 y 398 de la Jefatura de Gabinete, publicadas en los últimos días en el Boletín Oficial.

Estas imputaciones se suman a otra, de carácter más general: el Gobierno nacional ya lanzó, o se apresta a hacerlo, concursos para el pase a planta permanente del estado de 2352 cargos. Al respecto, el diputado nacional Guillermo Carmona advirtió que estos concursos violan el decreto 632/18, por el cual el propio Gobierno de Macri congeló su planta hasta fines de este año, algo que también fue planteado en la Ley de Responsabilidad Fiscal. 

La nociva práctica de otorgar planta permanente en el tramo final de los mandatos, no a trabajadores precarizados precisamente, sino a “la grasa militante”, para usar las despectivas palabras de Prat Gay, es muy usual en todos los niveles de Gobierno y promovidos por funcionarios de todas las fuerzas para pagar favores políticos. 

Pero además de ser cuestionable éticamente, más si los que aseguran su trabajo son funcionarios con cargos políticos, es nociva y compromete las finanzas públicas en el corto y mediano plazo. Y Argentina no está para esos “lujos”.

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