Controversia. El Gobierno recurre a una herramienta que es atractiva, pero que también encierra riesgos.
En un contexto en el que la actividad económica argentina atraviesa un escenario de estancamiento —cuando no de franco retroceso— en buena parte de sus sectores, con la excepción de algunas ramas vinculadas al agro, la energía y la minería, el Gobierno nacional decidió recurrir a una herramienta que puede parecer atractiva, pero que también encierra riesgos considerables: habilitar a las empresas a tomar créditos en dólares.
La medida anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, procura ofrecer una alternativa en un contexto en el que el crédito en pesos continúa siendo escaso y, para muchas empresas, inaccesible por sus tasas de interés. La posibilidad de financiar inversiones o capital de trabajo en moneda extranjera podría generar alguna moderada reactivación. Pero la prudencia con que la iniciativa fue recibida en ámbitos empresarios y financieros tiene razones atendibles.
La flexibilización modifica una norma establecida hace un cuarto de siglo, precisamente después de la traumática salida de la Convertibilidad. En 2001-2002 numerosas empresas que generaban sus ingresos en pesos habían asumido fuertes deudas en dólares y quedaron virtualmente quebradas cuando la devaluación multiplicó sus obligaciones.
Es cierto que la situación económica y financiera actual es muy diferente de aquella. Argentina no atraviesa hoy un régimen de convertibilidad ni una crisis bancaria de las dimensiones de entonces, pero eso no significa que haya desaparecido el riesgo cambiario. Una empresa que vende en pesos y se endeuda en dólares queda expuesta a una eventual modificación brusca del tipo de cambio.
El actual atraso cambiario, sumado a los tiempos electorales que se avecinan, introduce un factor de incertidumbre que no puede ignorarse. Si el dólar aumentara significativamente, las compañías que hayan tomado deuda en moneda extranjera podrían encontrarse con obligaciones mucho más pesadas que las previstas al momento de contratar el crédito.
El problema resulta todavía más evidente en las empresas que dependen del mercado interno. Textiles, fabricantes de electrodomésticos y otras industrias enfrentan una competencia creciente de productos importados, favorecida por la propia orientación de la política económica del gobierno de Javier Milei. Para ellas, endeudarse en dólares supone asumir un riesgo adicional cuando ni siquiera está garantizada la continuidad de sus niveles actuales de producción, en un mercado interno castigado por una caída sostenida del consumo.
Además, el hecho de que una empresa pueda recibir financiamiento en moneda extranjera no significa necesariamente que tenga garantizado el acceso futuro al mercado cambiario para devolverlo. El analista de inversiones Santiago Llul sintetizó esta contradicción en declaraciones a Perfil: “Hay una incongruencia muy grande, de como puedo, te doy los dólares y te los presto, pero no te los dejo comprar”. ¿De qué sirve facilitar el endeudamiento en dólares si, llegado el momento del vencimiento, las empresas pueden encontrar restricciones para adquirir las divisas necesarias para cumplir sus compromisos?
Más que una solución estructural al problema de la falta de crédito, la decisión anunciada por el gobierno parece por ahora un arrebato destinado a mejorar las perspectivas de una actividad económica muy golpeada, cuyo deterioro repercute también negativamente en las encuestas de imagen de gestión.
La medida, por lo tanto, merece un estudio mucho más detenido y debería contemplar seriamente las objeciones planteadas por economistas y empresarios. Facilitar el acceso al crédito es una buena política únicamente cuando las condiciones hacen posible pagarlo. De lo contrario, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad.
